Con la finalidad de disminuir y castigar los casos de acoso sexual en Tuxtla Gutiérrez, el Observatorio Ciudadano Chiapas, acompañado de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Derechos de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía General del Estado implementarán en diferentes negocios del centro de la ciudad un protocolo básico de actuación para intervenir en caso de acoso sexual callejero.
Carmen Villa Chávez, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, explicó que el protocolo está diseñado para que pueda ser implementado en diferentes tipos de establecimientos, con el objetivo de que identifiquen los casos de acoso e intervenir de manera positiva sin ponerse en riesgo ellos ni a las víctimas.
La prueba piloto se realizará en una decena de negocios aliados del centro de la ciudad capital, no obstante la intención es que pueda extenderse a otras partes de Tuxtla y municipios del estado.
Información disponible
Villa Chavez expresó que el protocolo estará disponible de manera gratuita para cualquiera que lo desee consultar e implementar; para su ejecución no es necesaria una capacitación específica ni tampoco implica la derogación de recursos económicos significativos.
Cabe señalar que en Chiapas, en el artículo 238 del Código Penal del Estado se especifica que comete el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie a personas de cualquier género, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
De igual manera, incurre en acoso sexual quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria o erótico sexual grabe y/o fotografíe a cualquier persona a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o por cualquier otro medio.
Asimismo, quien sin consentimiento y con fines lascivos asedie de manera verbal o corporal a cualquier persona en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros, afectando o perturbando su derecho a la integridad y libre tránsito, causándole intimidación, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo.
Las penas por este delito van de un año a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de salarios mínimos de multa.
