El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, condenó los hechos violentos registrados en Oxchuc, al tiempo de reiterar el llamado del Gobierno estatal al diálogo permanente con los actores sociales y políticos de Chiapas y recordó: “nadie puede violentar la paz y la tranquilidad social, sin que se le aplique el peso de la ley”.
En entrevista con Cuarto Poder, el encargado de la política interna, confirmó que la instrucción del gobernador Manuel Velasco fue aplicar el estado de derecho a quienes resulten responsables de promover y realizar actos violentos con el pretexto de anular las alecciones municipales, pues para ello existieron las vías y los tiempos legales, dijo el funcionario.
Conviene recordar que precisamente por bloquear carreteras en este momento existen personas bajo proceso legal: un grupo de habitantes de San Juan Chamula, quienes cerraron la autopista Tuxtla-San Cristóbal; de igual forma están detenidos los que obstruyeron el paso en la carretera federal en Amatenango del Valle.
“Se aplicará el estado de derecho y se cumplirá la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello, de que se respete la ley, pero sobre todo, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía”, añadió.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), así como fuerzas federales de la Policía Preventiva y el Ejército, luego de desplegar un operativo de captura contra los responsables directos, mantendrán el orden durante los siguientes días.
Este reporte confirmó que la presidenta municipal de Oxchuc, Gloría Sánchez Gómez, se encuentra bien y en atención a los asuntos de su municipio y comunidades.
El secretario de Gobierno se refirió a las elecciones extraordinarias del municipio de Tapilula, que el Congreso del estado estableció para el primer domingo 06 de diciembre, como un acto de confirmación y participación democrática.
¿Están garantizadas estas elecciones extraordinarias en Tapilula?, se le cuestionó.
“Claro que sí, por supuesto. Será la confirmación de la participación democrática ciudadana. Seguramente las autoridades electorales están haciendo lo que les corresponde para acatar esta disposición de los tribunales competentes y del Congreso del estado.
