El pasado 14 de febrero, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso ante el Senado la creación de Registro Nacional de Agresores Sexuales a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y con información de personas que han sido sentenciadas por algún delito de naturaleza sexual.
La iniciativa planteaba que el infractor aparezca en un registro mientras se encuentre cumpliendo la pena que le haya sido impuesta por la autoridad judicial mediante sentencia firme, y que una vez cumplida la pena, deje de aparecer con calidad de sentenciado.
Por medio de una actualización permanente del registro, por parte de las autoridades federales, estatales, municipales: con el nombre completo del agresor, además de fotografía, fecha y lugar de nacimiento (nacionalidad, CURP); delito por el cuál cumple sentencia el infractor; centro penitenciario donde se encuentra cumpliendo la pena; antigüedad y estado de cumplimiento de la pena.
Pero el 20 de febrero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la configuración normativa del referido registro se contrapone a diversos principios constitucionales y derechos humanos de las personas susceptibles de ser inscritas a este.
“Quien se opuso fue la Comisión Nacional y de la Ciudad de México, no me extraña, porque todo lo que cacarean de derechos humanos lo echan atrás con sus acciones”, mencionó la integrante de Mujeres Libres Colem, Martha Figueroa Mier.
En cuanto a lo jurídico, los mecanismos, no la sanción, son cuestiones legales que ayudan a proteger la vida de las víctimas, sobre todo las más vulnerables y es indispensables que, como en otros países, se ponderen los derechos de la víctimas y no de los agresores, precisó Figueroa Mier al señalar que se necesita un registro de agresores.
Insuficiente
Para la abogada feminista Edna Morales Bautista, contar con un registro como el que propuso la senadora San Román es de suma importancia para tener un control sobre las incidencias delictivas, y como una herramienta eficaz para otras autoridades.
“Sin duda son importantes este tipo de propuestas, pero no son suficientes para erradicar este problema social, pues al hablar de un registro de personas sancionadas, también estamos hablando de mujeres, adolescentes, niñas o niños que ya sufrieron un daño grave a sus derechos humanos, por lo que todas las autoridades deben apostarle en mayor medida a las acciones en materia de prevención”, dijo Morales Bautista.
Patricia Aracil, de la Colectiva Cereza, coincidió en la importancia de esta lista para controlar, identificar con claridad y prevenir crímenes; es decir, violencia feminicida hacia niñas y mujeres.
“Sirven para llevar un control de estos sujetos y estar pendientes, tiene que haber una vigilancia de dónde están viviendo y el entorno que están frecuentando. Eso se hace en otros países”, explicó Aracil.
Para que funcione debe existir conciencia en las autoridades, porque los delitos que se cometen contra mujeres o niñas no son considerados importantes. La abogada que acompaña casos de sobrevivientes de feminicidio y madres que son víctimas indirectas, indicó que de no realizarse un trabajo en conjunto de la sociedad civil y las autoridades, las muertes de mujeres, adolescentes y niñas seguirán en aumento.
“Que todas la instancias de la sociedad civil colaboremos precisamente para concientizar a los policías y los jueces”, propuso.
Jarid Cinco
Alfredo “N”, de 39 años de edad, pagaba una condena por delitos sexuales en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3 de Tapachula. Pero en diciembre de 2019 fue uno de los beneficiarios de las liberaciones humanitarias y regresó a su casa en el ejido El Carmen, municipio de Cacahoatán.
Dos semanas después, el 9 de enero de 2020, Jarid Cinco, una menor de seis años de edad, desapareció en el ejido Faja de Oro, muy cercano a El Carmen. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con signos de violencia sexual; un día después del reporte de la familia.
Alfredo fue detenido por la Policía Municipal, Estatal, por la Policía Especializada de la Fiscalía de Cacahoatán y la Guardia Nacional (GN). Más tarde fue bajado de la patrulla y entregado a los agentes municipales de Faja de Oro.
Ese día la población comenzó a interrogar y maltratar a Alfredo hasta que fue quemado vivo, en vista de cuatro cuerpos de seguridad con armas de alto poder; “hay videos y fotografías que lo demuestran”, detalló la abogada Patricia Aracil.
“Estuvieron instigando a la población para que realizaran ese linchamiento para tapar la liberación de Alfredo que después violó y mató brutalmente a una niña de seis años”.
Ana Marleni
La Colectiva Cereza realiza un investigación sobre este caso y acompaña a Ana Marleni “N”, quien paga una pena de 25 años señalada como autora intelectual y material del linchamiento en el que Alfredo perdió la vida.
El caso de Ana Marleni se presentó en la mesa de análisis y justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, para detectar violaciones a los derechos humanos, así como causa política.
“Han analizado que se trata justamente de una causa política”, confirmó Aracil, al no contar con elementos en contra; “la Fiscalía construyó todo basado en un señalamiento de la madre de Alfredo, que se dice testigo real de los hechos”.
Ese 9 de enero, Marleni se encontraba de visita en el ejido Faja de Oro, ya que ella y su familia radican en San Cristóbal desde hace 12 años; lugar donde nacieron sus dos hijos.
¿Por qué es necesaria la lista?
En la indagatoria, la colectiva ha encontrado tres antecedentes penales por violencia sexual que Alfredo justamente estaba cumpliendo cuando obtuvo la libertad humanitaria. Y el día del linchamiento confesó haber cometido dos homicidios más sin resolver.
El de Jarid dijo que lo hizo junto con sus primos, es decir, podrían existir más personas involucradas en el feminicidio. Ante ello, Aracil lamentó la inacción de Derechos Humanos y de la Fiscalía Contra Feminicidio para dar con otros feminicidas.
Mientras que los mandos policíacos, al parecer, fueron cambiados de posición, “por ello es tan significativa la información sobre la instigación de los agentes”, explicó la abogada de Colectiva Cereza.
Agregó que en la documentación que realizan tienen testimonios de que Alfredo se llevó de la mano a Jarid —el 9 de enero—, y que previamente, el mismo día, el hombre de 39 años estuvo buscando a niñas, “había intentado dos veces secuestrar a niñas”.
Ahora indagan sobre la única prueba de ADN que existe en la carpeta de investigación, respecto a la enzima que se detecta en los restos de semen y que, comparado con el ADN de Alfredo no coincide, “seguramente no está bien hecha”.
Aunque la Colectiva Cereza no justifica los hechos de violencia contra Alfredo, señaló que es un contexto derivado de la falta de justicia. Aunado a lo anterior, “la madre de Alfredo confirmó que tiene a un familiar en la Fiscalía que los apoyó para liberarlo”.
En la actualidad, las abogadas de Colectiva Cereza esperan la resolución del amparo, pues existen elementos de violación al debido proceso, desde la detención arbitraria y con lujo de violencia que sufrió Ana Marleni.