La familia de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos asesinado en Simojovel en julio de 2021, dijo que mantienen la esperanza de que se castigue al autor material del crimen, para luego iniciar lo correspondiente sobre la responsabilidad intelectual del mismo.
El viernes 3 de marzo se realizó la audiencia después de varias suspensiones, en donde se entregaron cinco pruebas, más otras cuatro que serán presentadas en una semana; “esperamos lo que siga, no se termina aquí, seguiremos hasta el juicio” del autor material del asesinato de Simón Pedro, dijo su padre Juan Pérez.
Con ello continuarán las exigencias a las autoridades de Chiapas para que se esclarezca quiénes son los autores intelectuales del asesinato del catequista y expresidente de la Mesa Directiva de la organización Las Abejas de Acteal.
En entrevista vía telefónica, Juan (padre de Simón) dijo que también es importante sacar a la luz, “a la claridad”, quiénes son los autores intelectuales del crimen contra su hijo; “tenemos esa esperanza de justicia”.
Para que Juan y su familia acudan a las audiencias en el Juzgado de Pichucalco, tienen que salir un día antes de su casa en la comunidad Nueva Israelita, municipio de Simojovel, “para mí todo el caminar es un poco pesado, es un desgaste físico, económico y de tiempo, porque estamos en la resistencia civil” y eso dificulta el acceso a la justicia, lamentó.
Agradeció el acompañamiento de Las Abejas de Acteal, además de organizaciones internacionales, la parroquia de Pantelhó, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y los asesores jurídicos del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba).
Acceso a la justicia
Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel el 5 de julio de 2021, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.
En la actualidad, los defensores de derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la Fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”, señaló el Frayba en una entrevista previa.
Pero este no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del centro de derechos humanos, señala que no existe independencia judicial aun con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.
Incluso, la organización ha reiterado en sus investigaciones que en Chiapas la práctica de la tortura —en las detenciones ilegales— sigue siendo algo muy común, pero que ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.
