Elam Náfate * CP. Horacio Culebro Borrayas demandó e impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nulidad de la designación como consejero y presidente de Florencio Madariaga Granados del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Justificó su decisión de acudir a los tribunales federales, en el hecho que el CEDH es un organismo social y ciudadanizado, que en la ley da pautas para la elección de sus consejeros mediante previa y pública convocatoria, que en el caso de la designación de Madariaga Granados no se observaron.
Culebro Borrayas argumentó la ilegalidad de la designación, por haberlo hecho de manera unilateral Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), sin el consenso, voluntad y aprobación de las cuatro restantes universidades públicas.
Hace valer la inexistencia de convocatoria exigida por la ley del organismo defensor de derechos humanos, argumentando flagrante violación al derecho de todo ciudadano para tener acceso en condiciones generales de igualdad al servicio público del estado, derecho que se encuentra tutelado por la Constitución Federal, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Manifiesta su inconformidad por el hecho que a Florencio Madariaga Granados, sin ser chiapaneco se le haya designado como consejero del CEDH, violando la misma Constitución del estado y la ley del organismo, resultando grave -y cuestionable- que Madariaga, a sabiendas de esta violación haya aceptado la designación.
Cuestiona además la grave actitud del Congreso local al tomar protesta, como representantes populares, de alguien que violó la propia Constitución del estado, así como la Ley del Consejo, ley que fuera creada por esa soberanía popular.
Del CEDH impugnó la convalidación y designación mayoritaria, en sesión simulada, de Florencio Madariaga Granados como consejero presidente, demandando la nulidad de dicho acto de autoridad.
Externó la mala reputación de Madariaga Granados, diciendo que está plenamente documento en medios de comunicación su negro pasado en la Procuraduría General de Justicia y en el Consejo de Seguridad Pública, así como su inclinación a la arbitrariedad; hace especial énfasis en el hecho que fue procesado por diversos delitos en la época en que fungió como servidor público en el estado de Chiapas, sin que se sepa a ciencia cierta del status y mecanismos por los cuales se encuentra libre.
