Isabel Navarro * CP. El senador por Chiapas, Manuel Velasco Coello, propuso una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual busca establecer en dicha legislación la garantía de que tengan efectivamente una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público, estableciendo que deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas especiales para las personas adultas mayores.
Presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa de Velasco Coello busca garantizar de manera enunciativa y no limitativa derechos como a tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.
Por lo que la totalidad de dichos establecimientos deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares especiales en los servicios de autotransporte para las personas adultas mayores.
Además, dicha propuesta contempla asegurarse de que los estados garanticen derechos como a una vida con calidad, a una vida libre sin violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, así como a la protección contra toda forma de explotación y a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados, entre otros, además que contempla sanciones a quienes infrinjan dicha Ley.
Al explicar los motivos que ameritan la propuesta, el senador Velasco señaló que las condiciones de vida para las personas de la tercera edad, son difíciles en todo el mundo, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social, ocasionando que en la gran mayoría de los casos se sientan excluidos.
Además, indicó que los cambios en el papel y la estructura de la familia pueden alterar las formas tradicionales de cuidado de las personas de mayor edad, muchas de las cuales concluyeron su vida laboral porque obtuvieron una pensión o porque sus capacidades no les permiten seguir trabajando. Para una elevada proporción, este retiro no va acompañado de seguridad económica, lo que en muchos casos genera una pérdida del reconocimiento, y la importancia que esas personas tuvieron en el pasado.
Es de señalar que un análisis del propio INEGI permite concluir que el proceso de envejecimiento en el país, se distingue por un claro sesgo de género y la prevalencia de la inequidad social, y de que el proceso de envejecimiento demográfico se manifiesta en el aumento de la proporción de personas de 60 años o más de edad. Su aumento es resultado del descenso de la mortalidad general, como consecuencia de la cada vez mayor prevención oportuna de afecciones transmisibles.
Velasco indicó que tanto el publicación del 2005 del INEGI así como se ve en la vida cotidiana, los adultos mayores siguen cumpliendo un papel importante en la producción de bienes y servicios, pues casi la mitad de la población de 60 a 64 años del país continúa en la actividad económica. Esta elevada participación laboral revela una situación que, lejos de constituir una opción voluntaria, puede atribuirse tanto a la baja cobertura de la seguridad social como al escaso monto de las jubilaciones percibidas por aquellos que cuentan con tal protección.
El senador Velasco dijo que actualmente México es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir. Por ello, es que surge como impostergable la necesidad de establecer medidas que contribuyan a mejorara sus condiciones de vida.
El joven legislador sentenció que al lastimar a las personas mediante la exclusión y negarles el reconocimiento como personas sujetas de derechos, la discriminación rebasa también el ámbito de lo individual, e impide construir y mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el aprecio mutuo, necesarios para el desarrollo consistente de la identificación social.
Esto quiere decir que no es posible construir una sociedad, un Estado, si no se parte del pleno reconocimiento de la igualdad de las personas consagrado en un sinnúmero de instrumentos, nacionales e internacionales, de protección de derechos humanos, consignó.
En 2010 el Censo de Población y Vivienda del INEGI, registró 10.1 millones de personas adultas de más de sesenta años, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono, y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.
En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de sesenta años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento los laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna.
