Ante los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, la diputada local del PAN, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, destacó el impulso a la reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas, calificándola como “una responsabilidad histórica” con el territorio, las comunidades y las futuras generaciones.
Durante su intervención, subrayó que los vacíos en el marco jurídico han sido “campos de oportunidad para la ambición y los excesos inconscientes, el saqueo ilegal de recursos naturales y, por supuesto, el ecocidio descarado”.
Destacó que estas una reforma que homologa criterios con la Federación y reconoce conceptos esenciales para la protección de los recursos forestales.
“Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza forestal del país, pero también uno de los más vulnerables frente a la deforestación, el cambio de uso de suelo y el aprovechamiento ilegal de sus recursos naturales”, afirmó Ibarra Gallardo.
“Legislar en materia forestal no es un asunto accesorio: es una responsabilidad histórica”. La reforma, explicó, fortalece el marco jurídico estatal, lo armoniza con la legislación federal y establece bases más claras para una gestión forestal “sustentable, legal y socialmente incluyente”.
Destacó que el dictamen no es improvisado, sino que incorpora ajustes para mayor certeza jurídica, claridad competencial y viabilidad administrativa, evitando la sobre regulación.
Uno de los pilares de la propuesta es el reconocimiento del papel fundamental de ejidos, comunidades y pequeños productores.
“La protección de los bosques no puede lograrse solo desde la autoridad”, sostuvo la diputada panista. “Esta visión social del desarrollo forestal es congruente con la realidad de Chiapas y con los principios de justicia ambiental”.
Asimismo, la iniciativa refuerza los instrumentos de planeación, inspección y vigilancia, con el objetivo de combatir la tala ilegal, una medida que calificó tanto de obligación ambiental como de protección económica y social para quienes cumplen la ley.
Desde el punto de vista institucional, Ibarra Gallardo destacó que el dictamen delimita competencias y promueve la coordinación entre órdenes de gobierno “sin invadir atribuciones ni generar duplicidades”.
Además, señaló que no impone cargas presupuestales desproporcionadas, lo que garantiza su viabilidad en el corto y mediano plazo.
“Este dictamen representa un paso firme hacia una política forestal más responsable, moderna y acorde con los retos ambientales que enfrenta nuestro estado”, concluyó. “Aprobarlo es apostar por la sustentabilidad, por la legalidad y por el desarrollo regional con sentido social”.
