Angélica Sánchez Vallejo, terapeuta, comentó que existe un proceso tormentoso para las familias víctimas de feminicidio debido a procedimientos que obstaculizan su acceso a la justicia, por lo que, esto podría desencadenar en otras problemáticas en su salud física y mental.
Sánchez Vallejo mencionó que es fundamental dar atención integral a las familias víctimas, ya que viven un sufrimiento doble. En primera, por la pérdida del familiar y en segunda, la revictimización por el proceso judicial, que en muchas ocasiones es larga y cansada.
“La parte emocional les duele mucho, es vital acompañarlas para que de una forma puedan sanar sus emociones. Las familias manejan su dolor desde diferentes formas. Muchas veces tienen un dolor contenido que les desgasta y es ahí donde se debe trabajar”, comentó.
Además, la especialista comentó que si bien la Fiscalía General del Estado apoya a las familias con atención psicológica, esta es insuficiente debido a los cientos de casos que se han acumulado en los últimos años por feminicidio.
Sánchez Vallejo explicó que es importante tener un tratamiento cercano al paciente, ya que si bien los tratamientos tradicionales ayudan, sino se tiene un acompañamiento empático, muchas veces esta no tendría un avance importante.
Pastillas para dormir
El 28 de marzo de 2016, Maricarmen de 16 años originaria del municipio de Pijijiapan, desapareció. Tan pronto como se denunció su desaparición fue activada la Alerta Amber para encontrarla. Sin embargo, al tercer día, Maricarmen fue localizada sin vida en una colonia de ese municipio. Desde ese momento, Juan Antonio Escobar, padre de la menor, emprendió una batalla legal con el fin de hacer justicia por su hija.
Escobar indicó que la pérdida física de su hija es “un golpe muy duro para todo padre”, por lo que, reconoció vivir estados de depresión, ante ello, buscó ayuda con la Fiscalía General del Estado, sin embargo, la poca acreditación del personal y la falta de una compresión del contexto de los sucesos hace que tomen otras vías.
“Nosotros somos de Pijijiapan, nos pusieron citas con un psicólogo en la Fiscalía de Tuxtla, para llegar teníamos que hacer grandes esfuerzos económicos para poder ser ayudados con la asesoría”, indicó.
Juan Antonio mencionó que en su caso existió una superación profesional de ayuda, es decir, el especialista que le había asignado la Fiscalía ya no era lo suficientemente experta para seguir con el tratamiento de su caso.
“Existe una inseguridad, a veces las sesiones eran de 20 minutos, otras veces no estaban los especialistas”, afirmó.
El padre de Maricarmen expresó que después del choque emocional que significa perder a una hija, trataron de buscar ayuda por todos lados, desde la profesional, hasta la medicación.
“Como paciente clínico tuvimos acercamiento a psicólogos, activistas y hasta tanatólogos. Sin embargo, cada uno indica que de no llegar semanalmente se pierde todo lo que se ha generado, pero el dinero que tenemos para trasladarnos y sobre todo para estar, nos limita”, dijo.
En el aspecto jurídico, la familia Escobar dijo que la asistencia legal la proporciona el Ministerio Público, pero nunca le ofrecieron un defensor de oficio que le ayudara para el seguimiento de su caso.
A tres años del asesinato de Maricarmen y la liberación del presunto asesino, Juan Antonio indica haber gastado más de cinco mil pesos en sesiones con psicólogos, además de medicamento:
“Empiezas a caer en depresión, el cuerpo ya no trabaja como es, vienen problemas físicos, llegué inclusive a tomar 14 pastillas al día. Llevo gastando más de cuatro mil pesos en tranquilizantes, eso nadie te lo va a decir, yo las tengo que tomar porque hay días que no aguantas nada”, concluyó.
La familia Escobar afirmó haber gastado más de un millón y medio de pesos en el proceso jurídico. Agregan “la abogada la pagamos nosotros, los amparistas nos cobraron 150 mil pesos. En sí, cada viaje a México, Tuxtla o cualquier lado, ir por papeles o ser requeridos tenemos que gastar dinero que muchas veces nos cuesta generar”, apuntó.
