"Rafael Espinosa * CP. La fábrica ""Cales y Morteros del Grijalva SA de CV"", ubicada dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero desde 1963, ha causado un impacto ambiental, daños a los edificios y a la salud pública de los pobladores de la Ribera Cahuaré, Chiapa de Corzo, sin que sea reubicada y tampoco clausurada.
Esta empresa se dedica a la extracción de material pétreo para fabricar calhidra, caliche, grava, gravilla y otros productos destinados a la construcción, informó recientemente el Comité Promejoras de la Ribera Cahuaré, al tiempo de reconocer que el Cañón fue declarado como Parque Nacional en 1980.
Durante casi 50 años de actividad, la empresa ha causado un hueco sobre una superficie de 30 hectáreas, con una profundidad de 40 a 50 metros, denunció el Comité.
En 2009, el Grupo Escala Montañismo y Exploración AC, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) por ecocidio, debido a que una pared del Cañón está severamente dañada, con cuarteaduras producidas por la actividad de la calera.
Ese mismo año, la otrora directora del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Edda González del Castillo, presentó otra denuncia ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por tala de árboles, afectación de la vegetación por las emisiones y probables daños a la pared del parque por las explosiones, sin que hubiera resolución por parte de la dependencia.
Promejoras presentó la primera denuncia en 2002 ante la Profepa por emisión de contaminantes, a la Sedena por el uso irresponsable de explosivos, a la Secretaría de Salud por el impacto a la salud de la población, al Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) por la emisión de ruido, a la Semarnat por impacto ambiental y destrucción de la piedra caliza, recurso no renovable, así como a la entonces Subsecretaría de Protección Civil por los daños a las estructuras de las casas.
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia por los daños a las pinturas rupestres que se encuentran ahí, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación al derecho de vivir en un ambiente sano.
La Profepa instauró tres juicios administrativos por impacto ambiental, cambio de uso de suelo y manejo de residuos peligrosos, cuyas resoluciones derivaron en multas y suspensión total o temporal de actividades; el expediente se da por concluido en 2007, sin embargo, continúa en operación.
En 2002 el INHE demostró niveles de ruido de hasta 80 a 89 decibeles, los cuales rebasan la Norma Oficial Mexicana que es 68 en el día y 65 por la noche. En 2003, Semarnat no recibió actualización de licencia de funcionamiento, por lo que se entendió que funciona ilegalmente.
En 2010 y 2011 el Comité entregó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se hizo peritaje médico a 17 habitantes y a nueve casas cuarteadas de Ribera Cahuaré. Hasta hoy la denuncia se encuentra como acta administrativa y aún no es elevada a averiguación previa.
Actualmente existen más de 11 comunidades urbanizadas con alrededor de 15 mil habitantes.
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