"Las procuradurías de este país se han ahorrado meses, quizá anos, de entrevistas con testigos, recopilación de pruebas, indagación médica, balística, psicológica -y el riesgo de verse en la mira de los criminales- cuando recurren a una simple explicación para los miles de asesinatos que ocurren ano con ano: ""Fue un ajuste de cuentas"". Sin duda, la línea de investigación favorita para quien desee dejar impune un homicidio. Se asume de manera implícita que la víctima de una balacera, el encajuelado o la persona con huellas de tortura también era delincuente y, por tanto, poco habría que lamentar su muerte. Con eso en mente cabe dudar incluso de las cifras ""oficiales"".
En diciembre pasado, Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, aceptó que en 2008 la cifra de muertes violentas superaba las 5 mil, justo el número, decenas más o menos, que los medios de comunicación calcularon también. El problema es que esa aproximación es totalmente especulativa y pone al mismo nivel en capacidad de investigación a un corresponsal de periódico que a un perito especializado en criminología. Ricardo Nájera Herrera, vocero de la procuraduría, diría después que la cifra corresponde a una hipótesis y no a los casos que la PGR estaba investigando.
Y es que con Ministerios Públicos que no están obligados a actuar a petición de la ciudadanía, con policías municipales, estatales y federales mal pagados y sin los controles de confianza mínimos para ocupar sus puestos, con procuradurías dependientes de la voluntad de los gobernadores, y con un sistema judicial sin criterios comunes entre las entidades no hay manera de hallar resultados confiables.
La detención del presunto líder de la banda de La Flor, responsable del secuestro de Alejandro Martí, y posteriormente de personas que se vinculó sin pruebas suficientes al atentado en Morelia -antes de la aprehensión de otros a quienes el juez sí halló responsables- hablan de una inexistente capacidad de seguimiento de delitos a nivel local y federal. En ambos casos, paradigmáticos del crimen organizado en México, las pistas fueron proporcionadas por informantes ""anónimos"" que, a juzgar por la facilidad con que se dieron las capturas, no provinieron de ciudadanos comunes.
En su momento, el presidente Felipe Calderón propuso en respuesta a la creciente ola de violencia cadena perpetua para secuestradores; Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, alientan la pena de muerte para esos mismos delincuentes. Andrés Manuel López Obrador establece que el problema de la inseguridad se resolvería con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. zCuáles de estas propuestas ayudarán en el corto plazo a que miles de empresarios, directores de escuelas, vendedores de refacciones usadas y profesionistas dejen de ser extorsionados a diario? Ninguna porque quienes cometen los delitos seguirán obteniendo ganancias sin riesgo de pisar la cárcel haya o no cadena perpetua, pena de muerte o despensas gratuitas.
Presidentes de la República, gobernadores y jefes de Gobierno crean en cada gestión nuevas corporaciones, realizan ""depuraciones"" de elementos, compran patrullas, instalaciones, pero ignoran la necesidad de una gran reforma del sistema de justicia que, en coordinación con el Poder Legislativo, brinde a Ministerios Públicos y policías la capacidad -y la obligación- de investigar los delitos de manera profesional y de cara a las víctimas. (El Universal)
"
