Recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que las cuentas bancarias “abandonadas” sean tomadas por el Estado después de determinado periodo, con el fin de destinarlas a la seguridad pública.
A decir del contador público certificado Néstor Gabriel López López, se está utilizando el tema como una oportunidad política detractora, porque esto ya estaba estipulado en la ley desde hace muchos años y en dos momentos: cuando dejan de operar las cuentas se pasan a una cuenta global, y después de tres años se pasan a la beneficencia pública.
La reforma dice que ya no se destinarán esos recursos para la beneficencia pública, sino para los cuerpos de seguridad de todo el país. Esto, reiteró, cuando las cuentas bancarias no tengan movimientos por tres años y durante otros tres no sean reclamadas.
Una cuenta puede quedar sin movimientos por tener muy poco recurso, porque el titular fallece sin dejar sucesión testamentaria u otros casos; las cuentas de inversiones, al generar rendimientos, les impide a los bancos trasladarlas a la cuenta global, a diferencia de una cuenta de nómina o ahorro que podría caer en alguno de los supuestos.
Enfatizó que este procedimiento aplica bajo el principio de audiencia que se da a la persona. Estipula que se tomarán las cuentas en el transcurso de tres años que no tengan depósitos o retiros, y después de dar aviso por escrito en el domicilio del titular de la misma, es decir, se les asiste en el derecho de audiencia por otros tres años.
El contador mencionó que en el ámbito delictivo es común que personas pierdan la vida y dejan cuentas “abandonadas”, también aplica cuando son investigados por el manejo de dineros que ya no reclaman.
En su percepción, dijo que si se etiquetarán los recursos incautados para tareas de seguridad, no está mal, pues habría que generar mecanismos para trasparentar esa administración y ver que sí fueron aplicados en ese rubro.
Respecto a los pseudoespecialistas que están recomendando a las personas retirar el dinero de sus cuentas de ahorro y nómina, porque el gobierno quiere despojarlos, señaló que sería lo peor porque el sistema financiero ayuda a la economía, es un bien jurídico tutelado.
“Eso ya existía, solo se está etiquetando de otra forma, si bien hay detractores políticos, lo mejor es informarse por canales oficiales. Además, en caso de una arbitrariedad, hay instancias que asisten, como la Condusef”, remarcó.
