La política es actualmente no sólo arte de gobernar, sino de saber administrar, factor del cual dependerán finanzas sanas para todos, gobiernos y gobernados. Por ello, antes que pretender incentivar el arribo o la creación de nuevas empresas, se debe consolidar con reglas básicas a las ya existentes. Si una entidad pública o privada es generadora de empleo, cuida su administración en aras no sólo de su propio crecimiento sino de una salud financiera común.
La administración pública debe elementalmente y primero, saber sujetarse a un presupuesto, como lo hace cualquier mujer de su casa, y a partir de allí hacer una planeación de su gasto. Esto evitará por ejemplo que después no se hallen recursos para pagar lo que ya se consumió, es decir, obra pública, servicios que proporcionan otras entidades como energía, o hasta para papelería, salarios e incluso los arreglos florales que se compraban para regalar en algunas alcaldías de Chiapas como la de Cintalapa, es decir, simple gasto corriente. Por ello, antes de argumentar que se busca incentivar la creación de empleos trayendo nuevas compañías, algunas del extranjero, las cuales ni garantizan una estadía determinada al no tener un asiento natural, lo que se debió hacer fue organizar el propio gasto para que no se registraran ni déficit ni deuda que golpean ahora fuertemente la economía al provocar incluso cierre de empresas locales por descapitalización, con el consecuente descenso de fuentes de empleo estable.
Éste -el plan de incentivos especiales para traer empresas de otras latitudes- es un experimento que por lo menos en Chiapas ha fracasado. Transtexil de Kamel Nacif es un ejemplo. Se le dio todo, terreno, obra pública, se subencionó hasta el empleo-salario en forma de becas que se pagaban con recursos públicos, pero hoy ya no existen ni los cimientos del edificio en que se hallaba. Por definición, la libre empresa se mueve en un sano escenario en el cual el gobierno se mantiene ajeno a las actividades económicas, limitándose únicamente a garantizar la vigencia de un piso legal, judicial y administrativo para que aquella y el consumidor realicen sus actividades.
Ahora, la actual administración deja un escenario complicado, el cual irá agudizándose de acuerdo con otras variables externas e internas, por ello es necesario estar más al tanto de lo que se está haciendo en estos últimos días en los que la desconfianza y el desaliento han calado.
Además, se debe insistir en la necesidad y en la obligación que tienen los gobiernos estatal y municipales de transparentar su gasto público, pues la actuación de uno y otros ha causado pánico en no pocos ciudadanos que ven con incertidumbre creciente al futuro cada vez más indescifrable derivado de erróneas determinaciones tomadas en apenas unos años.
