"En la persecución de un delincuente, integrante de un poderoso cártel cuyo líder fue abatido recientemente, elementos de la policía del estado de México allanaron sin orden de cateo, y además con violencia, el domicilio del poeta chiapaneco radicado en la Ciudad de México, Efraín Bartolomé. Ya el conocido personaje originario de Ocosingo aceptó las disculpas del propio procurador de Justicia de esa entidad, quien argumentó que había razones que no detalló para explicar el grave incidente en el que de paso violó la Constitución del país.
En el marco de este lamentable incidente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo notar ayer mismo que esto tiene que parar, al tiempo que daba a conocer cifras de las denuncias por este tipo de delitos cometidos por las propias autoridades de justicia y militares en la persecución del crimen organizado, en agravio de particulares libres de todo nexo con criminales o con actividad ilícita alguna. Los casos en la estadística números más números menos de 2007 al actual 2011 se han incrementado exponencialmente de 300 y pico a 700, a mil 200, a mil 100, a 900; es decir, suman miles de casos en que el ciudadano común es violentado en uno de sus derechos más elementales, sin que haya una correlación en cuanto a servidores públicos sancionados con toda la severidad que esto amerita.
Grave porque son estas autoridades las que han propiciado ese lamentable clima de crispación social que exhiben las organizaciones no gubernamentales como las que hoy sostienen un diálogo con representantes de los poderes de la Nación, cuya estridencia no sólo llama la atención de los demás ciudadanos, quienes pese a la delicada situación actual sólo intentan continuar con sus actividades normales, sino que a nivel internacional colocan a México como un país en que las garantías y los derechos son cosa del papel, no obstante haber firmado convenios que le obligan en este sentido.
Son estas autoridades las que desacreditan el ejercicio de la fuerza, son éstas las que le han creado al Presidente de la República una oposición a la lucha contra el narcotráfico, pues no basta con aprehender a los criminales, tienen además que ceñirse a la ley.
Ayer mismo, a propósito de este hecho, un medio de circulación nacional hacía ver la necesidad de que si estos allanamientos son en efecto tan comunes, por lo menos habría que ""normarlos"" para que durante éstos, policías y demás autoridades e incluso del Ministerio Público no perpetren violaciones, robos, daños y demás abusos.
Hasta ese extremo se ha llegado.
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