Enero cerró ayer con una cuenta criminal de al menos 176 muertos, contra 117 habidos el mismo mes del ano pasado por combates entre bandas de narcotraficantes. La cuota se incrementó dramáticamente. Los estados donde mayor número de enfrentamientos hubo son Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Sonora y Guerrero.
Acapulco, que durante varios decenios fue un brillante y prestigiado centro turístico internacional, es ahora campo de batalla de malhechores en disputa por territorios para el mercado de la droga, igual que en ciudades fronterizas o cercanas a las plantaciones de enervantes.
Las instituciones mexicanas combaten a los narcotraficantes, con desigual resultado, pero es evidente que éstos han subido el nivel de la violencia y que disponen de armamento y equipo de alta potencia, metralletas, granadas y hasta misiles. La policía va siempre un paso atrás y generalmente reacciona ante los sucesos, sin que haya sido capaz de preverlos y evitarlos.
Los narcotraficantes tienen el gran aliciente de la cercanía con el mercado de adictos más grande y rico del mundo, Estados Unidos, sin que las autoridades norteamericanas registren avances en su disuasión, práctica en la que son expertos en política exterior.
La guerra, como dice el procurador Daniel Cabeza de Vaca, es entre narcos, pero tiene vastas consecuencias en la vida nacional, sobre todo, porque pone en entredicho la seguridad que la Federación, los estados y los municipios están obligados a proveer, y porque deja al proclamado estado de derecho en condiciones de grave debilidad.
Aunque se rechaza la militarización de la Procuraduría General de la República, en una reunión celebrada en el casino militar del campo Marte, próximo a la residencia presidencial de Los Pinos, el Consejo Nacional de Seguridad proclamó mejor coordinación, más presupuesto, programa de prevención de adicciones entre los jóvenes, combate al narcomenudeo y 150 operativos. Nada que no se haya dicho antes, inclusive el ostentoso despliegue de fuerzas en Nuevo Laredo cuando se lanzó el programa México Seguro, que ya nadie menciona, pues parece haber sido otra víctima de la violencia.
No hay combate al masivo contrabando de armas que llegan del norte, ni rastreo de las visibles y crecientes fortunas y bienes inmobiliarios de personajes que no tienen ocupación conocida, ni sobrevigilancia a los capos encarcelados que siguen en contacto con sus esbirros de afuera.
En las ciudades identificadas como territorios mafiosos, los capos están ampliamente identificados por la población y se hacen notar por su escandaloso estilo de vida y sus fastuosas reuniones. Sólo la policía no los advierte. El crimen crece y la burocracia se reúne. Mientras tanto, como ayer anotó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, la corrupción, la inseguridad y el desempleo son nuestros flagelos de siempre.
La sociedad está en espera de resultados en la lucha contra el crimen organizado, comenzando con la prevención de esta delincuencia y siendo eficiente en la procuración de justicia. Los discursos son buenos, sobre todo aquellos en los que se subraya la firmeza del Estado mexicano, su mayor fortaleza y su determinación de seguir protegiendo a la nación. Bien. Pero esto será creíble y valioso cuando todo ello se vea en los hechos, en la tranquilidad social, en la paz cotidiana y en la creación de fuentes de empleo suficientes y una mejor distribución de la riqueza nacional, lo cual contribuirá, sin duda, a solucionar el problema (El Universal).
