Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que se han iniciado dos carpetas de investigación para esclarecer en primer término la agresión hacia policías, y en otra hacia los manifestantes, tras el desalojo del pasado 16 de febrero en el crucero Vicente Fox y el libramiento norte en la ciudad capital.
Llaven Abarca comentó que estas dos investigaciones ya están iniciadas, de un lado para establecer la responsabilidad por daños a elementos y vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Además, se construye otra en la cual los elementos hicieron uso excesivo de la fuerza contra estudiantes y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes apenas habían llegado al estado para iniciar la “Caravana del Sur”.
“Las investigaciones se harán con profundidad, para conocer si se hizo un uso irracional de la fuerza pública. En las próximas horas o días se darán más detalles. Vamos a recalcar que toda persona que se encuentre involucrada en hechos de violencia va a ser investigada, además, las instituciones lo harán desde sus órganos de control interno”, mencionó.
Comentó que desde lo penal buscarán acreditar si existió alguna conducta delictiva de ambas partes.
“Ayer por la noche sostuvimos una reunión con los representantes de los manifestantes para tener una investigación con objetividad y transparencia”, añadió.
El fiscal del estado recalcó que los operativos que realizan son con estricto apego a los derechos humanos, por lo que buscarán que quienes sean responsables enfrenten la justicia.
“Queremos dejar en claro que en Chiapas se respetan las garantías de todo ciudadano, todos los grupos se pueden manifestar dentro del marco legal, pero se hace valer la ley (…) Lo político no tiene nada que ver, nos basamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió.
Hechos
A su vez, Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que se investigan a 60 elementos que habrían hecho un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes.
“Vamos a transparentar la actuación de los elementos que estuvieron el día domingo, aportaremos evidencia a la Fiscalía General para que juzguen a los policías y a los elementos antimotines que sufrieron daños”, explicó.
Zepeda Soto refrendó el apoyo hacia los elementos quienes procedieron bajo los protocolos de actuación establecidos, que nacieron de una llamada telefónica porque presuntamente dichos manifestantes vandalizaron una patrulla.
“Nos basamos en la Ley General de Base de Operaciones de la SSyPC, por el código de ética se están recabando las diligencias necesarias, recopilamos fotografías, audios, testimonios, entrevistas para buscar alguna responsabilidad disciplinaria, administrativa, que puede terminar en sanciones administrativas hasta la salida de la institución”, añadió.
Recalcó que serán las investigaciones y las conclusiones de éstas las que determinarán si se sanciona o no a los 60 elementos.
La secretaria narró que todo nace desde una llamada de emergencia sustentada en el C4, por una unidad vandalizada en la carretera a San Fernando.
“Unos elementos ajenos a cualquier operativo especial fueron detenidos por unos encapuchados, quienes llegaron y quebraron los cristales y rociaron pintura roja, recordemos que son seres humanos y tienen dignidad, los elementos pudieron el auxilio y alertaron a más elementos. Esta actuación ha desencadenado mucha polémica, no tenemos un tiempo establecido para terminar, porque lo haremos de forma minuciosa para buscar los elementos responsables”, finalizó.
Condenas
Tras este operativo, diversos sectores condenaron tales hechos, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) quien condenó la actuación de la policía que, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, causó lesiones a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y a personas defensoras de derechos humanos en Tuxtla Gutiérrez el 16 de febrero.
De igual forma, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 279 defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 27 estados de la república, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, condenaron lo sucedido.
Así, por igual la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano máximo en su rama dentro del continente, recordó que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen una medida cautelar, en la cual deben ser considerados víctimas y ser tratados acorde.
