Se dice que van más de 28 mil muertes por la guerra contra el crimen organizado. En realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, porque muy pocos de esos crímenes han sido investigados por las procuradurías. La cifra se obtiene según los conteos de prensa y los cálculos, también aproximados, de la PGR. ¿Cuántos de ellos realmente se deben al narcotráfico u otras mafias? ¿Cuántos a daños colaterales de la lucha contra el crimen? ¿Cuántos a acciones entre particulares? Habría que saberlo para emprender acciones como indemnizar a las víctimas.
Ahí está el meollo de la propuesta lanzada por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de resarcir a los afectados de esta guerra. Una forma subrepticia de hacer que el gobierno federal, que es el responsable de indagar el crimen organizado, esclarezca las causas reales detrás de los miles de asesinatos que año con año se incrementan en México. Porque si una señora pide dinero tras la muerte de su esposo en una balacera, ¿cómo saber que no se trataba de un sicario? Obviamente, sólo una investigación seria puede determinar si una persona tiene vínculos delincuenciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que los dos jóvenes del Tecnológico de Monterrey -fallecidos el pasado 19 de marzo en un enfrentamiento entre sicarios y Ejército- son víctimas del uso arbitrario de la fuerza pública por parte de los militares, quienes omitieron defenderlos. La investigación que llevó a esta conclusión puede ser referente de futuras indagaciones.
No todos los muertos, heridos o afectados por esta guerra son civiles sin nexos con el crimen, quizá ni siquiera la mayoría, pero, seguramente, la cifra es alta, como en cualquier conflicto armado. ¿Puede el gobierno federal probar el carácter criminal de una aparente víctima que solicita una indemnización cuando no ha sido capaz de probar la culpabilidad del grueso de los criminales que ha detenido?
Para responder la pregunta, basta un recuento de datos, estos sí certeros, sobre la impunidad prevaleciente. Las autoridades federales dejan sin investigar 95 por ciento de las muertes relacionadas con el combate a la delincuencia organizada. Sólo mil 200 averiguaciones previas han sido realizadas desde el inicio del sexenio, pese a que van casi 30 mil muertes.
Cobra importancia la propuesta de indemnización realizada ayer porque podría ser la antesala de una comisión de la verdad por los delitos cometidos durante este conflicto armado. Se trata de una ingeniosa trampa política. (El Universal)
