Indígenas interponen amparo contra construcción de cuartel

El Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, admitió una demanda de amparo interpuesta por indígenas tseltales del municipio de Chilón en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. 

Acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), representantes de los inconformes informaron que emprendieron “la batalla legal contra la militarización de su territorio por medio de la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional”, debido a que no fueron consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento. 

Los ejidatarios exigieron “la suspensión definitiva de la obra del cuartel; exigimos respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas. Hemos visto que la Guardia Nacional está comenzando a hacer daño a nuestro pueblo, pues van a entrar a suspender la próximo fiesta de carnaval; nos están amenazando cuando en la fiesta tradicional no entran autoridades municipales”. 

El Frayba y el Centro Prodh dijeron que “no es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios, pues particularmente durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, se instaló en 1995, en su territorio, un cuartel del Ejército, que no fue retirado sino hasta el 2007, después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad”.  

Añadieron que en octubre de 2020, “los habitantes de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-Sedena), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un cuartel que albergará a la Guardia Nacional”.

Señalaron que el día 15 de octubre de 2020, los pobladores “decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”.