Una vez pasadas las elecciones, cuyos resultados tras el recuento permanecerán de acuerdo en lo general con lo previsto en indicadores del conteo rápido y del programa de resultados preliminares, resulta pertienente replantear el tema de la participación electoral de los pueblos indígenas. Hay que recordar que en el ámbito nacional se trabaja en la conformación de 28 distritos electorales con población mayoritariamente original.
Con una tercera parte de su población de origen autóctono, este estado verá con interés especial el resultado de esa labor que de acuerdo con el Instituto Federal Electoral, contempla una vez concluida, su traducción a las lenguas indígenas para facilitar la difusión en las comunidades de población monolingüe.
El asunto es todavía un proyecto pendiente, por lo que el llamado es en el sentido de que el Congreso de la Unión aborde la discusión del tema en la próxima Legislatura.
Es necesario cambiar las condiciones de los indígenas, sujetos a discriminación o a tutelas interesadas de acomedidos que han intentado manejarlos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, urge a impulsar respeto y protección de los derechos humanos de las diferentes etnias de nuestro país para cambiar el entorno de desigualdad y marginación en el que viven. Con base en cifras de organismos internacionales, dice, en México hay 15.7 millones de personas de diferentes etnias y ocho de cada 10 de ellas son pobres.
Además 66.8 por ciento de las casas en las que viven no tienen drenaje entubado a la red pública; 11.8 por ciento, carece de sanitarios y 19.5 por ciento, tiene pisos de tierra. Este grupo en situación de vulnerabilidad enfrenta constantemente problemas como pobreza, discriminación, marginación, desempleo y falta de oportunidades de desarrollo social, reconoce en el organismo defensor de los derechos humanos.
Ante ello, considera necesario garantizar a las personas indígenas acceso a una vivienda digna y decorosa, donde puedan tener privacidad, seguridad y satisfacer sus necesidades básicas.
En este marco resalta que corresponde al Estado mexicano diseñar y aplicar las políticas públicas que les garanticen el derecho a una vivienda digna, ya que la ausencia de tales satisfactores básicos favorece la presencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales que afectan de modo particular a los niños y adultos mayores en estas comunidades.
