Más que reformas legales sobre derechos indígenas como se planteó insistentemente hace dieciséis años, se requiere una transformación profunda de la política indigenista y cambiar la imagen para que ellos dejen de ser sujetos de asistencia y alentar el desarrollo de sus potencialidades. En el caso de Chiapas, la población indígena aumentó más del triple en los últimos 20 años, y aún persisten situaciones de discriminación y marginación.
El notorio crecimiento demográfico y la insuficiencia de tierras, además del sistema caciquil, provocaron en el pasado una conflictiva situación social que se manifestó en expulsiones masivas, luchas organizadas de los movimientos campesinos, invasiones de tierras y, en el más reciente caso, el alzamiento armado en 1994.
La situación tiende a complicarse en los próximos años debido a que alrededor del 50 por ciento de la población autóctona de Chiapas no es mayor de los catorce años.
Entre las lenguas indígenas de México, las que presentan porcentajes más elevados en el rango de cero a cuatro años son el tzeltal y el tzotzil de Chiapas, lo cual habla del potencial reproductivo que enfrentarán estos grupos en los próximos años, así como de una mayor demanda de atención en salud, escuelas, recreación y alimentación, principalmente. También son los que presentan mayores niveles de mortalidad y menor esperanza de vida.
No obstante, esta entidad ha recibido la mayor proporción del presupuesto federal descentralizado desde hace por lo menos diez años. Tras el alzamiento de 1994, 1995 a 1997 se canalizaron 57 mil millones de pesos a esta entidad y los recursos del Convenio de Desarrollo Social sumaron 3 mil 556 millones de pesos en ese mismo lapso.
En materia indigenista, quienes saben de este fenómeno social recomiendan trabajo conjunto entre las instancias relacionadas con esta población, a saber: programas que efectivamente reduzcan la brecha entre los sectores sociales que están más pauperizados, más discriminados, más destruidos, más empobrecidos y más vulnerables. Esto es responsabilidad del Estado, porque esos son sus ciudadanos; diagnosticar efectivavmente cuál puede ser la posibilidad de inserción ventajosa de estos pueblos y escucharlos, para acertar juntos o equivocarse juntos, que es un principio fundamental de la democracia de la participación; encontrar formas de respaldar esta acción que van desde crédito, tecnología, educación para el desarrollo, apertura de nichos de mercado, una tarea de respaldo; y por último, entender que la solución integral a esta situación no puede ni debe limitarse a reformas jurídicas, es indispensable seguir avanzando para poner fin alguna vez en el futuro a la situación de discriminación y marginación de los indígenas.
