En el último “Reporte sobre las economías regionales” de Banxico, empresarios de la industria agroalimentaria indicaron que hay un alto riesgo y bajo desempeño económico, debido al alza en el robo de transporte de carga, el cual se elevó un 5 %, particularmente en Campeche, Chiapas, Oaxaca,Tabasco y Veracruz.
Este registro asciende a 8 mil 762 carpetas de investigación por robo a transportistas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Más del 80 % de los robos ocurren en carreteras, es decir, cuando los vehículos están en movimiento, y lo que más se roba es comida y bebida, con más de un 40 % de incidencia (destaca el limón, aguacate, abarrotes, cerdos vivos, así como vinos y licores).
En lo que respecta a la entidad, el presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), Alejandro Desfassiaux, indicó que al menos cuatro bandas nuevas han sido identificadas en los límites del estado de Chiapas y Tabasco, donde sus integrantes transitan por las comunidades, exhibiendo armas largas para intimidar a los campesinos.
El experto en temas de seguridad mencionó que las bandas criminales roban mercancía a transportistas de una forma cada vez más violenta, obligando a los comerciantes a comprarla en centrales de abasto, principalmente.
Ante esta problemática, existen tecnologías como “Alerta Bovino”, una aplicación digital de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), que permite al productor realizar un reporte en caso de sufrir el robo de una o más cabezas de ganado, misma que genera una alerta a la que tienen acceso la Guardia Nacional (GN) y otras autoridades federales en puntos de revisión carreteros.
Las afectaciones por la inseguridad carretera, afirmó Desfassiaux, se pueden traducir en el alza de precios, y a la cual se le pueden sumar las bajas en producción por el cambio climático y rupturas en las cadenas de suministros ante la guerra ruso-ucraniana, aunado a los niveles altos de inflación.
Lo cual, sostuvo, impone la necesidad de fomentar condiciones que incentiven la inversión, pero, “en particular, el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad pública”.
