La proliferación de negocios irregulares de venta de tortillas en la ciudad capital ha relegado a las tortillerías formalmente establecidas, derivado de la falta de atención de las autoridades municipales para garantizar piso parejo en dicho rubro.
El presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas, comentó que la necesidad económica ha orillado a muchas personas a incursionar en este negocio, pero sin tramitar los permisos correspondientes.
Indicó que en Tuxtla Gutiérrez existen alrededor de mil tortillerías, 200 que pertenecen a los miembros de la asociación, 400 que desconocen si operan con permisos o no, pero que alguna vez los tuvieron, y 400 más que siempre han trabajado en la informalidad.
Explicó que muchos empresarios se han retirado de la asociación, que a pesar de buscar soluciones permanentemente nada ha logrado, quedando sólo alrededor de 60, con 200 tortillerías regulares, ya que algunos son propietarios de más de una.
Otro factor que les perjudica es la presencia de los motorepartidores en varias colonias de la ciudad, otra forma de competencia desleal e ilegal.
Esto ha orillado a que varios formalmente establecidos vendan o renten su maquinaria retirándose del negocio, que ha dejado de ser rentable, pero por la falta de piso parejo.
Dijo que el último incremento en el precio de kilogramo de tortilla se dio a finales del año pasado, debido a un incremento en el costo de la tonelada de harina.
El precio promedio oscila en los 17 pesos, en algunos casos a 15, 16 y muy pocos lo ofertan a 18 pesos. Todo depende de la zona, si pagan renta, los empleados que tengan, además de otros factores.
Ante tal panorama señaló que es difícil que puedan implementar un nuevo incremento en los próximos meses, ya que contribuiría a que las personas dejen de comprar tortilla o prefieran comprar con los informales.
No les queda más que absorber los incrementos en las materias primas como el gas y la harina, esta última que actualmente se vende entre los 230 y 250 pesos el bulto. En otros municipios, como en la zona fronteriza en más de 260 pesos el bulto, y más de 13 mil pesos la tonelada.
Salazar Ballinas, manifestó que no se pone en duda la capacidad académica de los directores y secretarios municipales, pero en algunos casos no conocen sobre ciertos temas, como la venta de tortillas, por lo que poco han hecho para regular la actividad.
Tal es el caso de la secretaria de Desarrollo Urbano, que aseguró que no tiene ni la menor idea de esta actividad, ya que es arquitecta. “Si sabe del uso de suelo, pero no sabe de salubridad, protección civil, y no tiene ni la menor idea de lo que el reglamento dice”, declaró el empresario.
Como funcionarios pueden aplicar la suspensión de los negocios informales para que tramiten sus permisos y licencias, y posteriormente trabajen en la legalidad, pero no aplican los reglamentos y no contribuyen a que las personas interesadas en abrir sus negocios lo hagan de forma correcta.
Enfatizó en que nadie está en contra que los demás trabajen en cierta actividad, sino que se haga conforme a la ley, para que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo conforme al producto que ofrecen.
Salazar Ballinas, ofreció incluso trabajar un mes sin sueldo en la administración pública, para solucionar el problema de las tortillerías. Porque se requiere de tomar decisiones e implementar estrategias a corto y mediano plazo.
Si bien proyectos como el parque industrial que plantean para la capital son muy buenos, señaló que los resultados se verían hasta dentro de cuatro o cinco años, y los empresarios necesitan soluciones inmediatas.
La certeza jurídica es un primer paso en este gobierno para incentivar las inversiones locales y foráneas, pero se requiere de más acciones.
