Ineficientes los programas

"Carlos Herrera * CP. Al presentar un Informe Alternativo sobre la situación de los DESCA en México, organismos civiles y sociales manifestaron que ""la situación en Chiapas y otras entidades federativas sigue siendo sumamente grave, y las medidas gubernamentales ineficientes e inapropiadas"".

En el apartado especial sobre Chiapas, el Grupo Promotor del Informe Alternativo sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), senalan que los programas gubernamentales no han logrado mejorar significativamente las condiciones materiales de vida de la población indígena del país, en especial la que vive en el estado de Chiapas. La información generada por el mismo Programa Oportunidades reconoce que los niveles de desnutrición de los menores de cinco anos beneficiados por el programa no han sido reducidos.

En el Informe Alternativo, elaborado por cerca de 50 organizaciones civiles, afirman que ""los programas gubernamentales dirigidos a combatir la desnutrición están casi exclusivamente basados en la asistencia y no en el apoyo a la seguridad alimentaria, y por tanto no contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación, sino que fomentan la dependencia"".

Sostienen que ""los alimentos de estos programas son poco adecuados culturalmente, y por eso son frecuentemente revendidos en los mercados o utilizados para alimentar animales de traspatio"". En síntesis, ""el Programa Oportunidades se convierte en un freno para alcanzar mejoras progresivas en el disfrute de los derechos"" y reproduce un esquema de dependencia en torno a los recursos gubernamentales que, en lugar de promover derechos, otorgan subsidios.

""Los problemas de desigualdad y democratización del país no están resueltos con lo que pasó en la elección del ano 2000, al contrario hubo muchas cosas que empeoraron, de ahí que el Informe Alternativo hace esa desmitificación"", dijo la portavoz Arely Sandoval.

En el Informe Alternativo, que fue presentado en mayo ante el Comité DESC de la ONU, da cuenta de las violaciones que en materia de DESCA el gobierno ha cometido y de la grave situación en la que se encuentran millones de mexicanos que viven en la pobreza y que no tienen garantizados sus derechos a la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, al trabajo, el ingreso digno, la equidad de género y a la no discriminación, entre otros.

El Informe Alternativo es independiente al que recientemente presentó el gobierno mexicano ante el Comité DESC de la ONU, instancia que emite recomendaciones a los gobiernos firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) para generar condiciones con las que los ciudadanos puedan ejercer estos derechos.

Denuncian que la interferencia de las fuerzas armadas, la aplicación condicional y ""clientelar"" de los programas sociales fue uno de los factores que mayor incidencia tuvieron sobre el proceso de polarización social que ha dividido a cientos de comunidades indígenas que ahora sufren las consecuencias; eso fue el signo distintivo de la política gubernamental estatal y federal durante el periodo de 1995 a 1999. Durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía ha persistido, aunque de manera más sutil, el apoyo selectivo a las organizaciones y ""bloques regionales"" que le son políticamente afines, en detrimento de los otros grupos.

El Comité DESC fue establecido el 28 de mayo de 1985 y está integrado por 18 expertos que supervisan la aplicación del PIDESC por sus Estados Partes.

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