"La realidad exhibe la baja prioridad que ocupan los asuntos de los ciudadanos comunes y ordinarios en la agenda de los políticos. El trabajo infantil es sólo un ejemplo en ese sentido: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en todo el país laboran más de 3 millones 600 mil menores de 18 anos, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya realizado y dado continuidad a un esfuerzo serio por ponerle punto final a esta situación.
En México tenemos una arraigada y frecuentemente soslayada tradición de ninos y adolescentes que trabajan, ya sea en el campo, con sus padres atendiendo los negocios familiares o incluso mendigando en las calles y carreteras. A ello se agrega la explotación practicada en el empleo doméstico que, como reporta un estudio de la Cepal y del UNICEF, afecta aún más a las ninas, pues ""llega a justificarse culturalmente cuando las envían a la escuela, les otorgan vestimenta y vivienda, manteniendo relaciones de servidumbre y explotación al margen de la ley, pero toleradas socialmente"".
No hay más: llegó el momento de dejar atrás esta abusiva tradición nuestra y para ello el Estado ha de tutelar férreamente los derechos de las ninas y los ninos mexicanos.
En épocas de crisis económica crece la urgencia de que estos problemas sean colocados en el centro de las políticas públicas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es en estos contextos de adversidad económica cuando las familias, golpeadas por la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, tienden a ser más tolerantes frente a la explotación de los menores.
De cara a escenarios tan alarmantes, resulta desesperanzador conocer que en la Cámara de Diputados duermen el sueno de los injustos seis iniciativas de ley en materia de trabajo infantil. Que proyectos relativos a los derechos y al desarrollo de los menores tiriten en la congeladora legislativa sólo refuerza la idea de que toda preocupación de la sociedad sin adjetivos -es decir, de la sociedad ajena a la esfera de la alta clase política- es sistemáticamente ignorada.
El expediente del trabajo infantil, pues, llama la atención sobre la forma en que el espacio público está ocupado por una presencia excesiva de los poderosos actores políticos y económicos, siempre en detrimento de la ciudadanía.
Para muestra, cada vez que en México intentamos llevar a cabo una reforma del Estado, todos los temas sociales se quedan relegados y la discusión se reduce a la materia electoral: dinero, propaganda, reglas de competencia, prerrogativas. En una palabra: poder.
El fenómeno, por lo demás, no es privativo de los partidos políticos. Otro de sus síntomas se observa en el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga a los temas que a ella llegan. Como si se tratase de una elevada torre de marfil, los asuntos referentes a las garantías individuales apenas son discutidos en el pleno del máximo tribunal. De hecho, la desigualdad es reproducida y perpetuada desde el Poder Judicial cuando sólo son resueltos los casos que interesan a los grandes poderes económicos.
Mientras tanto, los ciudadanos nos quedamos con la imperiosa necesidad de que nuestras preocupaciones también alcancen el estatus de asunto político relevante. zO no lo es que los menores formen filas en el mercado laboral, olvidándose con ello de su infancia y de su posibilidad de educarse para lograr una mejor calidad de vida en comparación con la de sus padres y sus abuelos?
Senores legisladores, senores ministros, senor Presidente, no están en un teatro donde sólo ustedes importan. Son actores sobre un escenario -México- donde los ciudadanos necesitamos ser algo más que burlados espectadores. (El Universal)
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