"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. En letra escrita se ha criticado hasta el cansancio (infructuosamente, por cierto) la ley Televisa o, dicho de otra manera, la actualización y renovación de ese anacronismo llamado Ley Federal de Radio y Televisión. zPor qué anacronismo? Porque en medio del candente debate sobre la renovación democrática de México, el duopolio televisivo, la oligarquía radiofónica y el monopolio analógico y digital telefónico, han conseguido restringir a su favor la facultad del Estado para dar a las comunicaciones el sentido de un bien público, que si bien puede ser administrado parcialmente por privados, debe servir para que el público se mantenga informado en la mayor medida posible de los asuntos públicos.
Un preclaro representante de la teoría de la democracia, Anthony Downs, senalaba en su obra más conocida (Teoría económica de la democracia, Madrid, 1973, Aguilar), que para el ejercicio de la decisión de elegir gobernantes, el ciudadano requiere de información sobre las opciones disponibles. Esta información es difícil de obtener para cada uno en particular por dos motivos. El primero es que los políticos, por regla general, no buscan informar al ciudadano sino reservarse la información relevante para sus intereses. El segundo es que el ciudadano se ocupa primero de sus asuntos particulares y secundariamente de las cuestiones colectivas. De ahí que para satisfacer los requerimientos de un ciudadano bien informado se necesitan dos cosas: obligar a los políticos a dar información sobre lo que hacen, y disponer de medios de comunicación profesionales y comprometidos con informar y formar a los ciudadanos.
En la filosofía política normativa, el ciudadano es el centro de la dinámica política, es el soberano al que se deben todos y cada uno de los responsables de administrar los asuntos públicos, gubernamentales o no. En la teoría política positiva, es decir, en la explicación realista de la política, esta centralidad es continuamente asediada por los intereses particulares de los políticos y de los agentes cuya capacidad de poder sobrepasa la del ciudadano promedio. Esto incluye a los partidos políticos, a los poderes fácticos, a las grandes empresas, a los intereses especiales de los sindicatos y las corporaciones, etcétera.
Por eso, concluía con pesimismo Downs, a menos que la ciudadanía logre dotarse de reglas constitucionales de cumplimiento obligatorio, de un sistema encargado de aplicarlas y consiga ser la figura central de organización del Estado para subordinar los poderes particulares al bienestar del conjunto, los ciudadanos, aunque elijan a sus gobernantes, no dispondrán de una democracia de calidad, no alcanzarán la finalidad que dicta, desde Aristóteles, el ideal democrático.
Es verdad que la radio jugó un papel muy importante en la transición democrática. Fue un medio de comunicación que logró escapar al control que se ejercía desde la Secretaría de Gobernación y abrió un espacio de reflexión política que coadyuvó a la democratización del sistema autoritario. No obstante, sigue siendo un oligopolio. La televisión no jugó ese papel. Por el contrario, la nota dominante en la pantalla chica fue siempre el acuerdo con el grupo gobernante para controlar la información y producir ""entretenimiento"" que distrajo, y distrae, a los ciudadanos de los asuntos que realmente importan. La televisión privada en México no se ha distinguido ni por su apoyo a la educación ni al civismo, ni por su disposición a controlar el poder público. Por el contrario, la connivencia para la protección de sus intereses económicos es la clave para entender su historia.
Por esto la información es un serio problema para la democracia en México. El nivel educativo promedio de los mayores de 18 anos es considerablemente bajo. Esto conlleva una dificultad agravada para informarse adecuadamente de los asuntos públicos, obligar a los políticos a presentarle ofertas serias de política pública, y definir sus preferencias electorales con plenitud de información. Si los medios informativos no colocan los intereses de los ciudadanos en el centro de su quehacer y lo orientan con profesionalismo, se eternizará el círculo vicioso de una democracia mínima y de baja calidad. Por consiguiente, la democracia será inestable y afrontará riesgos de todo tipo. Las autoridades se aprestan a convocar a licitaciones para otorgar concesiones de diversas franjas del espectro radioeléctrico en las que participarán diversas empresas. La Cofetel acaba de anunciar que abrirá a licitación concesiones de televisión y radio. Pero no llamará a competir por una nueva cadena nacional de televisión abierta. Todas serán regionales. Esto indica que Televisa y TV Azteca han logrado preservar su privilegio de no enfrentar competidores serios.
Por lo tanto, la lucha por tener medios de comunicación a la altura de una democracia desarrollada continuará. El camino será arduo. Hace dos semanas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información eligió como su presidente a Javier Corral, distinguido y lúcido combatiente por el derecho de los ciudadanos a la información. También se renovaron sus órganos ejecutivos y consultivos. En esta organización tienen un instrumento inapreciable los convencidos de que una democracia sin información plena, sin transparencia ni sistemas efectivos de rendición de cuentas, no es digna de su nombre. El objetivo es claro: hacer realidad en las leyes y en el complejo sistema de producción y circulación de la comunicación social la norma del artículo sexto constitucional que dice ""el derecho a la información será garantizado por el Estado"". [email protected] / Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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