Transparencia y acceso a la información van de la mano. De acuerdo con la norma vigente, hay información clasificada, reservada, parcialmente reservada y confidencial, todas sujetas a cierta restricción, lo cual es comprensible para el ciudadano. Unas dependen de plazos de vencimiento y son temporalmente restringidas por seguridad del estado o seguridad pública, otras por comprometer seguridad, vida o salud de alguna persona, unas más porque causarían perjuicio a las actividades de procuración e impartición de justicia, y algunas por tratar sobre presuntos responsables de delitos.
Según la definición, la información confidencial está en poder de sujetos obligados y contiene datos personales; también es así la considerada con ese carácter por cualquier otra legislación, cuando su manejo y divulgación se hallan bajo protección por el derecho a la privacidad y que es del conocimiento de los servidores públicos en razón del ejercicio de sus funciones. Entre otros, datos personales y la que se dispone así por legislación distinta. Además, es confidencial lo que sea parte de un proceso judicial.
Sin embargo, cuando un ciudadano acude por ejemplo a un Ayuntamiento municipal o a algún organismo como los sistemas de agua y solicita información sobre ingresos y egresos, se da el caso que colocan barreras de todo tipo para no entregar algo tan elemental, pese a haber la presunción de que algunas de esas entidades estarían trabajando con números rojos debido a un supuesto incumplimiento, en este caso, de usuarios que reciben un servicio que debe pagarse.
El ciudadano común podría pensar que difícilmente el hecho de conocer las finanzas de un sistema de agua -tan inocuo- podría comprometer la seguridad, la vida de personas o cualquier otro supuesto.
Lo cierto es que cada vez más, amplios sectores de la sociedad desean tener un mejor conocimiento de la función pública, y que esto muestra madurez y conciencia ciudadanas que deben ser alentadas con un acceso rápido y sencillo. Por ello, el debate que se observa sobre las modificaciones de ley para dotar de mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información debe tener éxito.
A nivel federal, el Comité de Expertos en Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas señala que el país ha incrementado la transparencia mediante la información pública y la comunicación electrónica dentro del gobierno y con los ciudadanos.
