El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, manifestó que dos de los grandes problemas de Chiapas es la informalidad y la migración.
Indicó que es uno de los estados con las tasas más altas de informalidad, con el 78.2 por ciento en el primer trimestre del año, con lo que no es posible alcanzar niveles de desarrollo óptimos.
Manifestó que Chiapas reclama justicia económica, con proyectos de infraestructura que detonen un desarrollo integral que impacte positivamente a todos los sectores productivos.
Por ello, “los empresarios deben adquirir un mayor compromiso para romper el desequilibrio social que existe en el Sur y Sureste. Ser más propositivos en interlocución con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Agregó que dos aspectos importantes para atraer inversión nacional e internacional es primero la seguridad, patrimonial y de certeza jurídica, por lo que reconoció las acciones del gobierno chiapaneco en cuanto a la recuperación de predios invadidos.
El segundo punto es contar con la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar las empresas, y contar con los servicios básicos.
Sobre la migración, puntualizó que se ha vuelto un problema muy grande para la entidad y para México. Lo único que piden es la aplicación del Estado de Derecho.
Se debe medir con la misma vara tanto al empresario, al empleado, a los migrantes y ciudadanos en general. “México tiene leyes que se deben aplicar, sin dejar a un lado el respeto a los derechos humanos de cada persona”.
Es prioritario hacer respetar las fronteras de acuerdo a las condiciones que marca la ley, tanto en el ámbito nacional como internacional. México no debería ser un corredor para llegar a otro país.
Respecto a la eliminación de las Zonas Económicas Especiales, López Campos apuntó que no deberían cancelarse sino ajustarse. Si los proyectos fueron decretados en condiciones que levantaron sospechas, se debe castigar a los responsables y modificarlos en sus dimensiones y estímulos.
Una opción será, en los casos en que los gobiernos son propietarios de los terrenos donde se establecieron las ZEE, desarrollar otras estrategias con condiciones de incentivos para atraer inversión enfocadas a las vocaciones de cada estado.
Recordó que solicitaron realizar mesas de diálogo con los inversionistas y los organismos empresariales, para evaluar el impacto que tendría la cancelación o si era necesario seguir adelante, pero no se hicieron.
Por ello, recalcó que las decisiones se deben tomar en gobernanza con los sectores productivos, porque hay que recordar que ya habían comprometidos más de ocho mil millones de dólares en inversiones de empresas que estaban dispuestas a instalarse en México.
En otro tema, el presidente de la Concanaco señaló que con la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la polémica que se derivo, se olvidó que el IMSS no es una dependencia del Gobierno Federal, sino un instituto tripartita en el que participa el gobierno, los trabajadores y los patrones.
“La obligación del Gobierno Federal es vigilar los intereses de los ciudadanos, por lo que puede ser un rector, tener reglas e incluso ser vigilante de las operaciones que se hagan, pero no debería incluirse a una entidad autónoma con el tratamiento de una dependencia federal”, finalizó.
