A través de un curso de inducción a la administración pública, alcaldes electos de Chiapas recibieron capacitación sobre manejo de recursos, transparencia y sanciones, donde destacó la advertencia que tras recientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, los funcionarios serán llamados a cuentas como ciudadanos y no con la figura de presidentes municipales, por lo que podrían recibir embargos y sanciones directas a su patrimonio personal.
El curso fue ofrecido en el Instituto de la Administración Pública del estado de Chiapas (IAP), para los nuevos presidentes municipales que integrarán la administración pública 2015-2018.
“Los servidores públicos estamos obligados a conducirnos con absoluta legalidad y transparencia en el cargo que nos ha sido conferido, es por ello la razón de este encuentro”, señaló a los próximos ediles, Miguel Agustín López Camacho, titular de la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas.
En este sentido, el titular de la Secretaría de la Función Pública, junto a Bayardo Robles Riqué, titular de Sinfrac, Miguel Agustín López Camacho, secretario de la Función Pública; Ana Elisa López Coello, consejera presidenta del Instituto de Accesos a la Información Pública del estado de Chiapas (IAIP) y Juana María de Coss León, secretaria de Hacienda del estado, advirtieron en conferencia a los alcaldes electos sobre el “riesgo” de utilizar recursos etiquetados o el mal ejercicio de la administración municipal.
A partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal -que a partir de este años funciona regularmente- impulsada en el Senado de la República en el 2013, los municipios están obligados a publicar la información relativa de las participaciones federales que reciben, el registro de obligaciones y empréstitos y la información de los fondos de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Aportaciones para la Infraestructura Social y para la Seguridad Pública de los estados.
Además, emanado de esa reforma, las autoridades, como funcionarios, alcaldes, entre otros, atenderán los requerimientos de auditorías en calidad de ciudadanos, ya no como funcionarios públicos, porque en éste último se les puede inhabilitar, suspender, pero en calidad de ciudadano se les puede embargar, porque el punto final de los órganos auditores es recuperar dinero, explicaron en alternancia de voces.
También estuvieron presentes Francisco Javier Paniagua Morgan, secretario de Salud de Chiapas; Juan José Zepeda Bermudez, secretario de Planeación y Luis Bernardo Thomas Gutú, director general de Promotora de Vivienda Chiapas.
