En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2010, de la Auditoría Superior de la Federación, se detalla que en ese año la Policía Federal de México ejerció 18 mil 929 millones 397 mil pesos para aplicar y operar la política de seguridad pública federal.
Comparativamente, en México, el delito y la inseguridad cuestan a la ciudadanía más de 210 mil millones de pesos, 1.53% del PIB del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el periodo 2006-2010, el presupuesto de la Policía Federal se incrementó a razón de 34.7 por ciento en promedio anual, al pasar de cinco mil 749 millones 652 mil pesos en 2006, a 18 mil 929 millones 397 mil pesos en 2010.
Del monto total de 18.9 mil millones -algo así como más o menos un 30% del presupuesto de un estado como Chiapas- el 97.7 por ciento, es decir 18 mil 502 millones, se erogó en acciones para el combate de delitos; el 0.004 por ciento, 683 mil pesos, se aplicó en el desarrollo de instrumentos para la prevención del delito, y el 2.2 por ciento restante para actividades de apoyo administrativo.
Esta corporación es ahora decisiva en el nuevo rumbo que se pretende dar en materia de seguridad, pero además, el grado de confiabilidad que ésta alcance, determinada con base en evaluaciones periódicas, será un parámetro para las expectativas que se tengan en las corporaciones de los estados que ya estarían bajo un mando único, esto con el fin de lograr lo que algunos sectores han planteado y replanteado, es decir, el relevo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.
De acuerdo con puntuales registros que no son del todo perceptibles en las entidades del país, respecto a su actuación, se apunta que en 2010 posicionó efectivos y vehículos de que dispuso con una precisión promedio creciente en los puntos y zonas geográficas donde se cometieron los delitos de alto impacto para la sociedad.
No obstante, dicha precisión disminuyó con respecto a los lugares donde se ubicó la actividad delictiva más rentable por su vinculación con mercados ilícitos, los cuales constituyen la principal causa de la comisión de delitos de alto impacto.
La Auditoría Superior de la Federación indicó que ello limitó la eficacia de la corporación para cumplir su mandato de prevenir y combatir los delitos.
