Este lunes se llevó a cabo un evento al parecer relacionado con las actividades del Ejecutivo que están por concluir. Del evento no trascendió detalle alguno debido a que el ex director del Instituto de Comunicación Social del gobierno estatal y el actual director, Jaime Culebro Guillén y Joathan Lozada Toledo, respectivamente, impidieron el acceso a este medio de comunicación, pese a ser un acto público, lo cual marca hasta los últimos momentos el estilo de una administración intolerante que concibió desde el inicio el ejercicio público como un asunto meramente privado.
Como se recordará, el pasado 15 de noviembre, el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó ante el Congreso de Chiapas el sexto y último informe de gobierno, en sesión solemne en la que estuvieron presentes 34 de los 41 diputados que conforman el Legislativo.
En esta sesión las diversas bancadas manifestaron sus posturas. Es decir, el informe es asunto ya concluido e incluso su glosa fue agotada en días pasados, sin embargo este lunes se indicaba que el evento mencionado era un informe de gobierno. El hecho da pie para preguntar de cuántos informes se trata, estando la presente administración prácticamente finalizada.
En fin, es el caso que el evento para lo único que ha servido es para poner en evidencia una vez más la falta de cortesía al transformarse el gobierno estatal -a través de los funcionarios y exfuncionarios señalados-, en un simple portero.
El hecho de cerrar la puerta a este medio de comunicación es además una expresión de la inseguridad con la que siempre se condujo esta administración, y esos servidores públicos son la prueba más visible de lo que no se debe hacer en un estado cuya población mira el final de un sexenio demandando transparencia, algo que estos funcionarios y otros en este mismo gobierno han obstaculizado.
Y no sólo han obtaculizado esa transparencia, sino que se han tomado la libertad de emprender campañas difamatorias contra algunos trabajadores de medios de comunicación que han levantado la voz por el derecho a la información. Lo mismo la segregación que la amenaza de iniciar procesos penales incluso por homicidio en contra de ciertos profesionales de la comunicación, fueron la constante en las actitudes de parte de estos jóvenes e inexpertos servidores públicos que ahora no sólo tendrán seis años para reflexionar sobre esas conductas, sino los que les resten en caso de que decidan permanecer viviendo en el estado al que no sólo han lacerado sino también denostado y vilipendiado mediante la incondicionalidad de quienes siempre estarán prestos a sumarse a irregularidades.
Lo único que tiene de positivo todo esto es que Chiapas asiste en estos momentos a los últimos estertores de una administración que se va y cuya imagen queda marcada por la intolerancia, la discrecionalidad y el abuso. Es decir, nunca entendieron el concepto de que no son 'mandamás', sino servidores públicos cuyos sueldos nosotros pagamos.
