El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur (CMFS) en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil iniciaron la Misión de Observación de los Derechos Humanos (MODH), con la propuesta de documentar y visibilizar la situación de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Desde el 14 hasta el 17 de noviembre, el Colectivo de Monitoreo recorrerá el corredor selva en Guatemala, Tabasco y Chiapas, a través de los parajes conocidos como El Ceibo, La Palma y Tenosique.
Dicha misión está integrada por la Red “Todos los derechos de todas y todos”, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Alianza Américas, Ayuda en Acción México, HIAS México, así como la Caravana por la Hospitalidad.
Cabe señalar que dichas misiones sirven para generar documentos y acercarse a la situación migratoria regional. Algunas de estas reflexiones fueron trasladadas al “Panorama de Derechos Humanos desde la frontera sur de México 2022”, como fruto de las diferentes acciones realizadas en 2022.
En dicho documento, el CMFS señaló que las políticas migratorias en la región no reconocen la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, población LGBT+, personas afrodescendientes y de pueblos originarios.
En el año 2021, 53 mil 972 de las 131 mil 448 solicitudes de la condición de refugiado presentadas en México, fueron de mujeres y niñas.
“A lo largo de este año, hemos observado la alta presencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes en los grupos que se desplazan. Sin embargo, no se reconoce la modificación de los perfiles históricos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”, expresaron.
Otro punto descrito es la militarización, enmarcada en una estrategia nacional de avance del militarismo.
En septiembre de 2022, el Gobierno Federal subordinó la Guardia Nacional (GN) a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), pese a la evidencia de las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos contra la población civil, incluidas las personas migrantes y solicitantes de refugio.
“Desde que inició el despliegue de elementos de la GN en 2019, las fuerzas militares han sido beneficiadas con cargos públicos, asignación de funciones de resguardo de megaproyectos como la construcción del Tren Maya, así como la gestión de programas públicos como la vacunación por covid-19 o el manejo aeroportuario y de aduanas”, consideraron.
Por último, existe un fuerte control migratorio. En febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos de la GN desplegados en México, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos, y 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur.
En 2021 se abrieron 504 quejas contra elementos de la GN por violaciones a derechos humanos contra personas migrantes, mismas que incluyen distintas violencias como agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas en tránsito, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias.