Desde Chilón, mujeres y hombres del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) se sumaron al llamado de la organización Aldea para instar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presentación de la reforma indígena el próximo 5 de febrero, respetando la propuesta de iniciativa entregada por la tribu yaqui en 2021, para garantizar a nivel constitucional el respeto y derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
En este sentido, en el marco de la entrega de un paquete de reformas por parte del Ejecutivo, Aldea consideró prioritario que se reconozca a los pueblos como “sujetos de derecho público”, lo que les confiere total personalidad y capacidad jurídica.
Reformas
Cabe señalar que el pasado 25 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará dentro del paquete de reformas que presentará al Congreso este 5 de febrero, una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Desde Aldea celebraron la noticia, sin embargo, externaron, “consideramos indispensable que el documento retome las propuestas de la iniciativa entregada al presidente por parte de la tribu yaqui en septiembre de 2021, que fue consultada con pueblos y comunidades en todo el país”.
En su anuncio, el mandatario federal solo mencionó que se elevaría a rango constitucional los planes de justicia a pueblos indígenas. Mientras que todo lo relacionado con sus derechos, señaló, sería una ley, en tanto se les brindaría a estas poblaciones un trato especial dentro del artículo 4 (supuesto donde se recogen otro tipo de derechos: sociales y ambientales).
“Nos preocupa que esta alusión simplificada y algo ambigua sobre la reforma pueda dejar de lado las diversas propuestas de la iniciativa de reforma constitucional que entregó la tribu yaqui al presidente, dentro de la cual se plantea una reforma integral de 15 artículos del texto constitucional”, consideraron.
Consulta
La consulta fue realizada entre 2019 y 2021 por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación, a través de 55 foros en 27 estados y más de 60 asambleas regionales de seguimiento; cuenta, además, con el respaldo de más de 630 mil firmas de autoridades, representantes y ciudadanos de los pueblos originarios y afromexicanos del país.
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es establecer las bases y principios para construir una nueva relación de respeto entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, basado en el reconocimiento y goce de sus derechos colectivos.
De igual forma, se plantea reconocer a los pueblos como “sujetos de derecho público”, lo que les confiere total personalidad y capacidad jurídica para realizar sus actos de autoridad.
También se busca consolidar su derecho a la libre determinación y a la autonomía para autogobernarse; definir sus prioridades de desarrollo; así como para administrar recursos presupuestales recibidos de forma directa, proporcional, justa y equitativa.
Otro aspecto de gran relevancia es la garantía del derecho a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural y en los procesos de desarrollo comunitario. Además, se deberá garantizar su acceso a la justicia, y a ser electas en cargos de representación en todos los niveles de gobierno.
Con respecto al territorio indígena, se persigue reconocer la relación especial entre los pueblos y sus territorios, sus sistemas de uso y tenencia de la tierra; así como el respeto a sus formas de conservar, proteger y preservar sus territorios y recursos naturales y el derecho que les asiste para decidir y disponer sobre estos.
Asimismo, se busca garantizar el ejercicio de sus sistemas normativos para la impartición de justicia en la solución de sus conflictos internos y brindar seguridad comunitaria.
“Todos estos temas de vital importancia para la sobrevivencia cultural de los pueblos no deben quedar excluidos de la iniciativa que enviará el presidente al Congreso el 5 de febrero. Incorporar los planes de justicia de este gobierno es positivo pero no suficiente”, consideraron.