La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente elabora una propuesta sobre la inmovilización de cuentas bancarias, y que dicho planteamiento será presentado ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre de este año 2012.
Sobre el asunto, se ha adelantado que fue recibido con sensibilidad por parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se espera mayor atención a los problemas relacionados con el embargo de cuentas bancarias de contribuyentes por medio de la formulación de un protocolo, el cual establecería una comunicación directa entre la Procuraduría mencionada, el Instituto Mexicano del Seguro Social y directivos de bancos, con el objeto de definir cuál será el lapso o plazo para levantar el mencionado embargo y poder inmovilizar solamente un monto determinado y no la totalidad de las cuentas del contribuyente, al ser éste un problema que afecta también a representantes de la pequeña y mediana empresa.
Lo anterior, de acuerdo con los organismos que ahora impulsan dicha iniciativa, beneficiaría a representantes del sector automotriz, de bienes de capital, alimentos, bebidas, tabaco, fabricantes de la construcción, entre otros. Directivos y afiliados del organismo industrial han manifestado por ello un enorme interés de recibir asesoría y apoyo legal de la Procuraduría sobre casos específicos en materia fiscal que afectan sus actividades productivas.
Además, se pretende la verificación y mejora permanente de los actos y prácticas de las autoridades fiscales federales, por lo que empresarios de la pequeña y mediana empresa de distintos puntos del país también han mostrado interés para participar en mesas de trabajo con autoridades del organismo autónomo. A ellos se les ha exhortado a que den importancia al conocer el apoyo que brinda la Procuraduría y los servicios que ofrece para aprovechar al máximo las virtudes de ese organismo.
La Procuraduría ha observado que la autoridad no está exenta de incurrir en prácticas que afectan los derechos del contribuyente y que el objetivo de su trabajo es mantener las condiciones de igualdad, paz, equidad y armonía en la relación del fisco con los causantes y velar por la salvaguarda de sus derechos y garantías.
