Diputados federales presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso en la que proponen crear en el Poder Legislativo el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Argumentan que esa Cámara carece de un órgano de carácter técnico de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, encargado de aportar al trabajo de las comisiones vinculadas con el tema.
Con dicho Centro se prevé se beneficiarían las comisiones legislativas y los legisladores, en particular, grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía interesada en este tema, sin embargo, como se sabe, muchos organismos académicos e instituciones del Poder Ejecutivo federal realizan trabajo constante desde diversas perspectivas, en la actualidad, las que bien pueden apoyar el trabajo que sobre la materia pretenda realizar el Poder Legislativo.
Si además se argumenta como objetivos promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminatoria, en esos mismos también se hallan trabajado en la actualidad no pocas instituciones del Gobierno de la República. Y no obstante que la exposición de motivos presenta una serie de metas que son del todo encomiables, la reforma que se plantea supone una erogación que podría no ser necesaria mediante el establecimiento de acuerdos con los organismos institucionales y académicos relacionados con las etnias que ya existen.
Sin embargo, será ese Poder Legislativo el que decida sobre el particular en un asunto sensible y de particular relevancia en Chiapas, entidad en la que la población indígena ha aumentado más del triple en los últimos 20 años, aunque con graves problemas derivados de una situación de pobreza y precariedad alimentaria.
Hay otros problemas en este sector de la población chiapaneca que destacan, como las expulsiones masivas por diferencias de todo tipo.
Además, alrededor del 50 por ciento de esta población en el estado no es mayor de catorce años. La principal demanda de ésta es de atención en salud, escuelas, recreación y alimentación. Ha sido también la que presenta destacado nivel de mortalidad y menor esperanza de vida.
No obstante, esta entidad ha recibido la mayor proporción del presupuesto federal descentralizado desde hace por lo menos diez años. Tras el alzamiento de 1994, 1995 a 1997 se canalizaron 57 mil millones de pesos, además, los recursos del Convenio de Desarrollo Social sumaron 3 mil 556 millones de pesos en ese mismo lapso.
En materia indigenista, quienes saben del tema proponen trabajo conjunto entre instancias relacionadas con esta población: programas que efectivamente reduzcan la brecha entre los sectores que están más discriminados, más empobrecidos y vulnerables. Hay que diagnosticar la posibilidad de inserción ventajosa de estos pueblos y escucharlos; encontrar formas de respaldar estas acciones que incluyen crédito, tecnología, instrucción para el desarrollo, apertura de mercados a sus productos; entender que la solución integral no puede ni debe limitarse a reformas jurídicas, sino avanzar para poner fin en el futuro a la situación de discriminación y marginación.
