INM acumula casi la mitad de quejas ante la CNDH

Son 323 expedientes por presunta violación de derechos humanos que acumuló en Chiapas el Instituto Nacional de Migración (INM), siendo reportado en los primeros seis meses del año, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); cifra que representó el 44.12 % de los 732 expedientes abiertos en Chiapas.

Del total de quejas ante este organismo en el periodo de enero a junio de 2023, 152 se encuentran en trámite, 208 fueron promovidos en la ciudad de Tapachula, 46 expedientes se abrieron en Palenque, 26 en Tuxtla Gutiérrez, y 17 en San Cristóbal de Las Casas. El resto se concentró en 11 municipios de la entidad.

Esta información proporcionada por el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la CNDH, resalta que el hecho violatorio más consecutivo son acciones y omisiones que transgreden los derechos a migrantes y familiares, aunado a la falta de legalidad, honradez, lealtad y eficacia en el desempeño de las funciones, así como prestar indebidamente el servicio público.

Reportes contra la Comar

La segunda autoridad federal que acumula la mayor cantidad de expedientes es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con 130 y cuya cifra representa el 17.75 % del total estatal. Unos 67 de estos se encuentran en trámite.

Son 118 expedientes los que se han abierto en Tapachula, seguido de Berriozábal con seis, San Cristóbal de Las Casas con dos, así como uno en Huixtla, Palenque, Suchiate y Tuxtla Gutiérrez.

Con 109 expedientes, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tiene el tercer lugar en quejas, acumulando el 14. 89 %; siendo el hecho violatorio más recurrente la omisión en cuanto a proporcionar atención médica y acciones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad. Del total de expedientes, 53 se encuentran aún trámite.

Este sistema tiene el objetivo de indicar la situación de riesgo y promover la prevención humanitaria integral del Estado frente a los efectos sociales, con el fin de garantizar la protección oportuna de los derechos fundamentales de la población civil.