El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero insistió a las autoridades correspondientes se esclarezca los hechos ocurridos el 17 de enero del 2019, en donde los defensores indígenas Noé Jiménez Pablo y José Santiago fueron privados de su libertad, víctimas de desaparición forzada; posteriormente hallados sin vida y con señas de tortura.
El CDH reiteró el llamado a la verdad y la justicia a cinco años de los hechos ocurridos hacia los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.
Cabe señalar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció el 30 de agosto del 2021, ante la no aceptación de las autoridades estatales y municipales de Chiapas de la Recomendación 39VG/2020, derivado del ataque que un grupo armado realizó el 17 de enero de 2019, a un plantón que se ubicaba en la cabecera municipal de Amatán, privando de la vida a una persona, como la ejecución arbitraria de dos más.
En dicha recomendación, la CNDH mencionó que los perpetradores del doble asesinato actuaron con la aprobación de las autoridades federales y del estado de Chiapas, así como la tolerancia ante la falta de cumplimiento de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las y los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.
Por ello, el Organismo Nacional estableció diversos puntos como el establecimiento de medidas de no repetición, satisfacción, rehabilitación y reparación integral del daño, al ordenar la atención médica, psicológica y tanatológica para las víctimas indirectas.
En el mismo sentido, la verificación de los hechos, la revelación pública y completa de la verdad, y que las autoridades estatales y municipales ofrecieran una disculpa pública institucional a las víctimas directas e indirectas.
Así como el establecimiento de un memorial para el testimonio de los hechos, con previo consenso de las víctimas, iniciar las carpetas de investigación y los procedimientos administrativos en contra de las personas servidoras públicas que omitieron proporcionar protección y auxilio a las personas que resultaron vulneradas en sus derechos humanos.