"El Ejército mexicano ha hecho una sufrida y esforzada labor combatiendo a quienes trafican con estupefacientes -contabilizando incluso bajas humanas- y colaborando humanitariamente en la aplicación del plan DN-III, cuando la naturaleza nos ha golpeado. Sin embargo, tal camino parece no ser del todo terso. La CNDH le envió cuatro recomendaciones a la Sedena por abusos graves de sus integrantes, lo cual preocupa mucho y debe ser aclarado.
Aun cuando es una institución surgida del pueblo, abocada a defender soberanía y territorio, no podemos olvidar que está conformada de seres de carne y hueso, con defectos y virtudes, susceptibles de ser avasallados por la corrupción o las pasiones humanas.
Un amplio sector de analistas internacionales de la seguridad pública recomienda, por eso, que las instituciones militares se mantengan ajenas al combate directo del narcotráfico y éste quede en manos sólo de la policía. En México ya tuvimos el ominoso caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, sentenciado por habérsele probado vínculos con delincuentes.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a militares de detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, asesinatos, tortura e incomunicación, durante operativos en Coahuila, Michoacán y Sinaloa. La Sedena ha prometido analizar los casos.
Las conclusiones deberán ser científicas y profesionales, no parciales ni encubridoras, porque las acusaciones son graves y ponen en entredicho a toda una institución que no merece manchar su prestigio por malos elementos.
No podemos reeditar negros pasajes de la historia, como los vividos durante la llamada ""guerra sucia"" en los 70, cuando la búsqueda de guerrilleros en las sierras de Guerrero y Oaxaca fueron pretexto para sonadas matanzas y abusos documentados. No debemos repetir tal error, aun cuando la lucha contra el narcotráfico y ahora contra los que ponen explosivos en instalaciones estratégicas del país exijan que la tropa multiplique su presencia por todo el territorio nacional. No se puede hacer cumplir la ley, violándola, o ejerciendo facultades extralegales, propias de regímenes de excepción.
El estado de derecho es suficiente para normar la conducta del Ejército, porque de ahí emanan las herramientas para la procuración e impartición de justicia. Ni más, ni menos.
Acaso atina José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, cuando opina que sería irresponsable sacar en este momento a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado por el vacío de autoridad que podría generarse con esto. Sin embargo, sugiere un retiro gradual de la milicia, posibilidad que debe ser sopesada, al tiempo que se fortalezcan los cuerpos de seguridad que los relevarían.
A nadie gusta tener al Ejército en las calles, por aquello de que no se sabe cuándo se les podrá regresar a los cuarteles, pero siendo el nuestro uno leal a las instituciones y a la sociedad, como lo ha demostrado fehacientemente a lo largo de la historia, habrá de actuar en consecuencia y poner freno a cualquier exceso que sus integrantes pudieran haber cometido, por el bien del estado de derecho y de la propia institución militar. (El Universal).
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