El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas (OPEPM) instaló el Grupo de Trabajo 4, con el objetivo de analizar las propuestas de modificación legislativa para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de lograr la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
El pasado 6 de septiembre, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma al artículo 23 de la Constitución Política local, por lo que hombres acusados de violentar a las mujeres ya no podrán ocupar cargos de representación popular o ser servidores públicos.
En sesión, las y los legisladores decidieron aprobar la iniciativa para establecer como causa de suspensión de derechos cuando una persona tenga una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Así como por violencia familiar, violencia familiar equiparada, delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; también por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Bajo cualquiera de los cargos anteriores, las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Con esta homologación de la Constitución local se establece que toda persona que se postule para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público debe contar con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual, así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas, y en especial de las mujeres.
Al respecto, Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) y del Observatorio, manifestó la intención del grupo de trabajar para sumar esfuerzos en los criterios que propone la reforma, para así implementar a prontitud y con eficacia esta legislación de avanzada, como lo es la ley “3 de 3” y su armonización en Chiapas.