A pesar de la legislación y protocolos existentes en Chiapas, la falta de tipificación del desplazamiento forzado interno (DFI) en el Código Penal y la ausencia de una respuesta nacional integral han dificultado abordar este problema de manera efectiva en los últimos años.
Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, manifestó que como organización hacen un llamado a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para atender la crisis humanitaria y legislar en esta materia.
En la última década —desde el 2010— el desplazamiento forzado interno ocasionado por diversos factores como conflictos sociales, territoriales, políticos e inseguridad se ha intensificado, llevando a familias enteras a abandonar sus hogares, especialmente de las comunidades rurales.
En 2012 en la legislación local se creó la Ley para la atención y prevención del desplazamiento interno, estableciéndose la creación de un Consejo Estatal de Atención, integrada por salud, seguridad, DIF, fiscalía y otros rubros, instalado hasta en 2019, correspondiendo al actual gobierno el desarrollo de la misma.
Falta de esfuerzos
Reiteró que si bien existen protocolos para que instancias como Protección Civil brinden ayuda humanitaria, no hay acciones más concretas para castigar a los responsables ni para el apoyo a largo plazo a los afectados, por lo que existen familias que fueron desplazadas hace varios años y no han podido retornar.
Este fenómeno reconocido por la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en su informe de septiembre de 2022, señala que la falta de cifras nacionales desagregadas con perspectiva de género dificulta conocer la magnitud del problema, debido a que es considerado un fenómeno actual, además de que no afecta a las grandes ciudades.
En conferencia de prensa, la investigadora Sofía Escobar indicó que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) refiere que entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14 mil 476 personas desplazadas en Chiapas, siendo los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó los más afectados.