El incumplimiento de la paridad, la igualdad, aplicación de sanciones y garantía de derechos humanos y políticos electorales de grupos minoritarios o vulnerables, ha derivado en los últimos años en la deslegitimación de las instituciones electorales, generando desconfianza entre la población hacia el sistema político.
La directora general del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal, Adriana Bracho Alegría, comentó que si en los próximos procesos electorales las instancias encargadas de regularlos y los tribunales atienden de manera correcta estos temas, estarían encontrando una manera de legitimarse ante la sociedad.
Es fundamental, enfatizó, darle el espacio que por derecho le corresponde a los grupos minoritarios más vulnerables, lo que ayudaría en mucho a la legitimación de los órganos electorales del país, porque eso es lo que no ha pasado en muchos años.
Sin embargo, es una realidad que los partidos políticos se duelen porque tienen otros compromisos; tienen personas que van subiendo, que les manejan las plazas, sus cuadros establecidos, y cuando se les impone las cuotas es cuando incluso ellos buscan la deslegitimación de las instituciones.
Señaló que sin duda es un reto para los partidos políticos cumplir con todos los ordenamientos que emanan de las leyes, para dar cabida a las cuotas que se les obliga; mismo orden en el que deben ir las instituciones para cumplir cabalmente la cuota de género.
En ese tenor, refirió que un tema abordado en los últimos meses en cuanto a grupos vulnerables por prejuicios sociales y morales que no permiten su acceso a ejercer sus derechos políticos electorales, es la población lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT).
Bracho Alegría indicó que los partidos políticos e instituciones deben entender que la comunidad LGBT es un grupo con derechos y que deben estar representados, ir más allá de únicamente dar discursos sobre inclusión e igualdad.
Puntualizó que si la sociedad civil se siente atendida respecto a la garantía y respeto de sus derechos establecidos en la Constitución y demás leyes, responderá positivamente a favor de las instituciones electorales, así com de todo el sistema.
“Hay que tener un diagnóstico de cómo está la situación en cada estado, y ese diagnóstico sirve en ambas vías para saber cuál es el panorama y qué se tiene que hacer.”
