Los institutos electorales, establecidos en México gracias a las reformas políticas, fueron creados con base en la necesidad de confiabilidad en los sufragios.
Pocas dudas existen hasta hoy respecto a los resultados de los diversos comicios en la República y ello constituye, sin duda, un logro notable, base de la transición democrática que se propone impulsar en México.
Lo peor que puede ocurrir ahora es que estas costosas instituciones, en lugar de consolidarse como una garantía de transparencia y confiabilidad, pasaran a ser motivo de duda en su probidad. La sociedad mexicana las construyó para erradicar todo indicio de corrupción y engano electoral y democrático. Por ello es muy importante que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de lo que ocurre en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
A muy pocos puede satisfacer la versión de que lo dicho ahí hace unos días no es más que fruto de una simple broma, al referirse a irregularidades respecto del proceso de licitación y asignación de contratos para la fabricación del material electoral de los comicios de este ano. El Instituto Electoral del Estado de México está en un problema serio. No es sólo en el aspecto de las dudas que surgen respecto de la posible contratación irregular de lo antes mencionado, sino que este problema pone en duda la honorabilidad de quienes, como consejeros electorales, están hoy sujetos a la observación cuidadosa de todos los mexicanos. Es decir, las irregularidades que pudieran haberse cometido inevitablemente repercutirán en la credibilidad del proceso que deberá dictaminar esa institución.
Dicha circunstancia puede ser aprovechada por quienes no descartarían obtener alguna ventaja política al poner en duda los resultados de la ya inminente elección local si el resultado les fuera adverso. Usar la suspicacia como arma para cuestionar la autoridad de los institutos electorales es una estrategia suicida, que garantiza un futuro de incertidumbre, confrontación y desgastantes conflictos postelectorles.
Presionar a los institutos electorales por parte de los partidos es una estrategia política que danaría mucho a las instituciones en las que los mexicanos hemos depositado nuestra confianza. Pero también es cierto que esas instituciones deben garantizarnos que esa confianza tiene sustento y que sus actos, tanto políticos como administrativos, están a prueba de toda sospecha, y que ésto lo pueden demostrar.
Nada de dispendios. Nada de gastos onerosos. Nada de gastos brutales en nombre de la democracia. Ninguno de estos institutos tiene derecho a tales excesos. Ningún consejero puede abusar de los recursos nacionales por el sólo hecho de ser parte de nuestra necesidad de garantizar transparencia democrática.
Es importante que los consejeros electorales del estado de México actúen con valor civil y rectitud, y tomen las medidas indispensables para eliminar cualquier sospecha de malos manejos en la administración del IEEM.
En lo que respecta a los representantes de los partidos políticos, éstos deben garantizar que sus críticas correspondan a un interés democrático y no puramente electoral de circunstancia. Las dos partes tienen una responsabilidad seria con nosotros y deben cumplirla. (El Universal)
