El Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas, con una consejera general a la cabeza, una asesora, un auxiliar, dos consejeros, dos secretarios, un auxiliar, otro consejero, dos secretarios, un consejero, un auxiliar, un Área de Informática con un analista, una Unidad de Apoyo Administrativo con un titular, más cinco áreas en las que hay tres auxiliares y un asistente, más una Coordnación Técnica con un titular y dos analistas, además de otras dos Coordinaciones con un asistente y finalmente tres proyectistas, no pudo intervenir para que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez respondiera preguntas simples sobre sus ingresos, egresos, costo de litro, plantilla de trabajadores, entre otras, información que sin embargo fue obtenida con base en atinadas estimaciones y proyecciones de académicos chiapanecos.
Dicha instancia no ha resultado de mucha ayuda cuando de obtener información se ha tratado, por lo que sería conveniente analizar qué es lo que está faltando en su interior, pues como se ha visto, no es un problema de personal, ya que tiene en este sentido un apoyo considerable.
La falta de resultados de este Instituo, por las razones que puedan argumentarse, se suma a la poca voluntad de algunas entidades de atender los pedidos de información. Entregar informes o responder preguntas no está dando el resultado esperado, por lo menos en lo que a Chiapas se refiere, por lo cual convendría reflexionar sobre la viabilidad de este organismo.
Y en otras entidad de país la situación no es diferente. Por ejemplo, en Yucatán, se califica como grave esta situación, ya que en ese caso particular, algunos Ayuntamientos no cumplen sus obligaciones de transparencia habiendo hecho caso omiso a los requerimientos del Instituto.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos destaca que la demanda social por la transparencia ha surgido en el contexto de la consolidación de la democratización política, que incluye no sólo el derecho a elegir a los gobernantes, sino darle seguimiento puntual a sus actuaciones, pero en los estados lo anterior parece ser letra muerta.
Es por lo anterior que cobra especial importancia el hecho que se anotaba semanas atrás, en el sentido de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos adquiriera facultades para extender el ámbito de sus funciones con el propósito de fortalecer este ejercicio que cada día es más necesario no sólo por el interés de la sociedad en conocer la actuación de los servidores públicos, sino porque este seguimiento disuade conductas irregulares en el servicio público que van en detrimento de los intereses de la colectividad en general.
Urge pues revisar el trabajo de los organismos locales y determinar lo conducente para que con independencia de la eventual ampliación de facultades al Instituto Federal, los estatales puedan en verdad realizar un trabajo que responda a las expectativas de la ciudadanía que diariamente recibe mensajes que promueven la cultura de la transparencia.
