El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar temporalmente a las personas extranjeras que no acrediten su estancia regular en el país, de 2018 a 2023, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las estaciones migratorias son instalaciones físicas que dependen directamente del INM y tienen como fin concentrar de manera temporal a las personas extranjeras que no acrediten una situación migratoria regular hasta que se resuelva la misma.
Según el Grupo de Acción Comunitaria (GAC), la política actual de control migratorio en México está basada en prácticas sistemáticas de detención en centros de privación de libertad denominados oficialmente “Estaciones Migratorias” o “Estancias Provisionales”.
En la actualidad existen aproximadamente 32 estaciones migratorias a lo largo de todo el país. El 42.33 % de las detenciones se llevaron a cabo en Chiapas y Tabasco, mientras que un 38 % se realizaron en los estados que componen la frontera norte del país.
Al respecto, el comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que el Estado mexicano debe brindar certeza a la ciudadanía sobre su actuar, así como la posibilidad de valorar su desempeño y, en este caso, la información solicitada se asocia directamente con la rendición de cuentas, ya que permite tener un primer acercamiento al uso del dinero y el grado de cumplimiento de objetivos.
Alcalá Méndez refirió que la migración es un fenómeno social que impacta tanto el ambiente político como el económico de cualquier nación; la finalidad es que las personas amplíen sus oportunidades de desarrollo en un ambiente adecuado, sin embargo, en muchas ocasiones se relaciona con la seguridad de las personas como de la sociedad en general.