A cinco meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se ha intensificado la estrategia contrainsurgente en contra de los pueblos originarios, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
En un comunicado se informa que “a cinco años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López, maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región en la que pueblos originarios construyen vida digna”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sostuvo que “desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización en los territorios” en los que habitan bases de apoyo del EZLN, “especialmente en la región de la Selva Lacandona, como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas”.
Manifestó que a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), el Frayba “registró que desde fines del 2018 se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (municipio oficial de Las Margaritas)”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, precisó que “las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres (con soldados armados con metralletas) y 5cinco sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019”.
Expresó que “es preocupante la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos en el último mes”, al tiempo de señalar que “las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los pueblos originarios zapatistas en resistencia; significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población”.
Además, abundó, “en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad”, lo que “vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región”.
