Intereses económicos como la entrada de grupos delincuenciales que han visto un negocio en la invasión y venta de terrenos donde hay humedales, así como la extracción de agua para comercializarla, están poniendo “el jaque” a los mantos acuíferos de montaña, destacó el catedrático de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), León Enrique Ávila Romero
“Es muy triste decirlo, desgraciadamente el Poder Judicial no hace justicia, sospechamos de muchas autoridades que no están actuando de manera efectiva”, dijo el también maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Acotó que actualmente existen más de 100 denuncias presentadas ante diversas instancias, no sólo por ambientalistas, sino también del Ayuntamiento y el mismo Gobierno del Estado.
“Hay fuertes intereses económicos, sabemos que las invasiones son patrocinadas por políticos y que eso también implica un desgaste que deja de lado la visión de la vida y del agua para los habitantes de la ciudad”, apeló el también docente visitante de la universidad de la República de Uruguay.
“Estas denuncias no atraviesan más allá de la esfera del Ministerio Público, no llegan ni siquiera a un juez, ahí se pierden, son archivadas, desaparecidas, le dan la muerte de los justos y es uno de los problemas muy graves que nos ha llevado a tratar de buscar justicia a otros niveles”, denunció el profesor visitante de la Universidad de California.
Sin embargo, el ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo explicó que hasta hace poco la actual administración retomó la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), sin embargo, falta que retome la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante esta quietud de justicia, también se han presentado paneles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluso el año pasado, ante relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la conversación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ávila Romero llamó a la instancia a reconocer a los miembros de las colonias que defienden los humedales, y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a mediar y hacer un estudio en la zona.
Grupos delincuenciales
Destacó que en los últimos años se han adherido a la problemática los “actores importantísimos” de grupos criminales que no sólo se dedican a vender y rellenar lotes en los humedales, sino que están ligados a otras actividades no tan lícitas, como la venta de huachicol o de carbón.
