Más de 40 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional interpusieron un amparo que garantice acceso a la atención médica, a la información, a la seguridad, a la estancia regular y a la protección de la población migrante.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que miles de extranjeros se mantienen varados en el país; 9 mil en la frontera sur y 12 mil 500 en la norte, por lo que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar acuerdos internacionales para repatriar a los migrantes en territorio mexicano ante el aumento de personas en contexto de migración alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Los representantes de las organizaciones presentaron un amparo ante Juzgados de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México que busca evidenciar, ante el Poder Judicial de la Federación, las negligencias cometidas por parte del Ejecutivo federal respecto a las medidas que se deberían adoptar, y aquellas que existen y no se toman en cuenta, para garantizar el derecho a la salud y la no discriminación de las personas migrantes en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus.
Al mismo tiempo, dicha acción jurídica busca que el juez ante el que recayó para su estudio se pronuncie no sólo por la libertad de las personas migrantes detenidas, sino que dicha libertad se realice con base en garantías mínimas de protección en acceso a la salud, a la información, a la seguridad, a la protección y a la no discriminación.
Las organizaciones comentaron que desde que se declaró la alerta sanitaria en México han insistido, a través de diferentes acciones, en la liberación inmediata de todas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional (incluidas mujeres embarazadas, niñez, adolescencia y personas de la tercera edad) que se encuentran detenidas en el país.
Además, las 40 organizaciones mencionaron que este llamado es similar al que realizaron la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el Subcomité para la Prevención de la Tortura; el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes; la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados; la Organización Internacional para las Migraciones; y la Organización Mundial de la Salud.
Dicho amparo fue promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Sin Fronteras, IAP; Asylum Access, Inc.; y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) ante el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito, encargado de estudiarlo y resolverlo, asignándole el número de expediente 426/2020.
