Interponen queja contra alcalde de Chiapa de Corzo

Interponen queja contra alcalde de Chiapa de Corzo

Mediante el oficio número 00001499 se denunció que el alcalde de Chiapa de Corzo, Javier Hernández Zarazúa, no presentó pruebas del cumplimiento a la auditoría de la denominada Fiesta Grande de Enero 2017, plazo que venció el 21 de febrero.

En el oficio presentado por Adelita Molina Gómez y enviado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (Ofsce) y al Fiscalía General del Estado (FGE), se pidió poner a disposición del Ministerio Público investigador lo correspondiente a la orden de auditoría de los servidores Hernández Zarazúa y Víctor Hugo Moreno Zenteno, tesorero municipal.

“Han señalado a la suscrita (Molina Gómez) como responsable de irregularidades, sin que a la fecha puedan comprar su dicho lo que constituye una falta grave a la verdad y un delito, ya que con engaños han pretendido liberarse de la autoridad y de la opinión de los ciudadanos”, según se menciona en uno de los párrafos del documento.

Adelita Molina fue señalada de desviar recursos durante su estancia como vicepresidente del Consejo Organizador de la Fiesta Grande de Enero 2017, de la cual no se ha podido comprobar el ilícito.

Por ello, pidió que a la brevedad se ponga a disposición del fiscal del Ministerio Público e investigador de la FGE, todo lo que corresponda a la orden de auditoría número 155/2017 en la cual los servidores públicos no han aportado nada que pruebe que cumplieron con la auditoría practicada.

“Asimismo pedí, con fecha del 13 de febrero del 2018, copias certificadas de cada uno de los dos contratos de carros alegóricos; contrato relativo al combate naval; contrato de los juegos mecánicos y, por último, contrato de apertura de cuenta bancaria mancomunada que se abrió con el fin de llevar a cabo la Feria de Chiapa de Corzo 2017”, detalló.

Señaló que ejercitará cualquier acción jurídica ante los tribunales competentes y actuará conforme a derecho, con la finalidad de que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades civiles o penales.