"El Congreso local aprobó este martes una nueva iniciativa propuesta por el gobierno del estado mediante la que se faculta a las autoridades policiales encabezadas por el procurador, realizar operaciones encubiertas de vigilancia a ciudadanos que juzguen sospechosos de delitos.
La noticia causa preocupación por la duplicidad, pues apenas el mes pasado se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificción de Recursos de Procedencia Ilícita, la cual cuenta con una policía especializada y peritos con toda la capacidad para su aplicación, que no se comparan con los recursos humanos locales. Además, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de Diálogo, Política y Seguridad del equipo de transición, anunció hace unos días que durante la administración de Enrique Peña Nieto se pondrá en operación un grupo especial para combatir la delincuencia organizada, el secuestro y la extorsión.
Imponer la infiltración, la intervención, la suplantación e incautación como potestades dirigidas en contra de la sociedad en general -""sospechosos""- en un estado que ya ha sido demasiado paciente con sus servidores públicos y con sus representantes, es algo demasiado peligroso en la medida que estas disposiciones pueden llegar a revertirse en contra de quienes en verdad están abusando de la buena fe del pueblo que se dedica día a día a trabajar.
Cuál es la fundamentación, no jurídica, sino real para tan extravagante iniciativa que han aprobado los llamados representantes populares.
Es acaso Chiapas un narco estado, una sociedad de proxentas, un pueblo de criminales organizados, para llegar a esos extremos que, como ya han hecho ver ciertas críticas a tal proyecto, violan garantías constitucionales que están por encima de disposiciones locales.
¿Qué justificación se puede argumentar para que el Ejecutivo de Chiapas prácticamente suspenda en nuestra tierra, en la que hemos vivido toda la vida, las garantías individuales que otorga el Estado mexicano en todo el territorio nacional?
En México existe libertad de tránsito, y la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones están libres de interventores, pero ahora ""alguien"" -el procurador o quien él diga- va a señalar a cualquiera como sospechoso y éste podrá ser víctima de intervención en sus bienes o recursos ""que sean objeto, instrumento o producto del delito, a efecto de retirarlos o sustituirlos total o parcialmente, según sea el caso, para luego permitir bajo vigilancia su envío, distribución o transportación dentro del territorio del estado o de éste hacia otro o a la inversa, así como identificar y en su caso detener a las personas u organizaciones involucradas en su comisión"".
El estado policial bajo la supuesta conducción de la figura del Ministerio Público que en Chiapas es bien conocida por sus deficiencias, ahora estará agazapado en las carreteras, en las calles e incluso en nuestras casas, hasta donde irrumpirán los prestigiados policías locales para determinar si no portamos drogas, tratamos personas u organizadamente delinquimos, o incluso si nuestros bienes son producto del delito. Empresarios que reciban mercancía, burócratas que esperen correspondencia, particulares comunes y corrientes, podrán ser grabados en sus conversaciones telefónicas o videograbados en cualquier sitio.
Después de haber dejado en quiebra a Chiapas, porqué no sólo se van, por qué no dejan que el próximo gobierno decida sus propias leyes; si tanto preocupaba esto, por qué no se hizo al principio de este gobierno.
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