Chiapas es un territorio con más de cuatro millones de hectáreas de propiedad ejidal y comunal, en donde alrededor de un millón 100 mil están declaradas como Área Natural Protegida (ANP); no cambia el régimen de propiedad, solo se restringe su uso, pero es muestra de la riqueza en biodiversidad.
Con este basto territorio, la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, indicó que aún ocurren invasiones, aunque ya hay una tendencia a desaparecer, lo que se refleja en la disminución de las controversias entre pequeños propietarios y núcleos agrarios.
De esta forma los conflictos agrarios más recurrentes son las sucesiones, o bien, por elección de órganos de representación al interior de los núcleos agrarios.
Cuando ocurre una invasión depende del régimen de propiedad si es entre un ejido y un pequeño propietario, pues la competencia se surte a favor de los tribunales agrarios. En Chiapas existen dos, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula.
Por otro lado, debe desahogarse un juicio agrario, el cual se debe llevar por alrededor seis meses, si acaso no hay medios de impugnación, así como analizar las pruebas, los títulos de propiedad, hacer un trabajo en topografía y determinar cuál título debe prevalecer.
Ventas ilícitas
La magistrada señaló que algunas ventas de tierras no cumplen todo el procedimiento de ley, por lo que la parte que se sienta afectada puede acudir a demandar la nulidad de ese contrato, para que igualmente se analicen las pruebas.
El protocolo orientador para actos jurídico-agrarios, recientemente presentado en Chiapas, va dirigido a evitar estos temas, así como pagarse los precios justos por la tierra conforme a los valores comerciales para que las partes queden satisfechas.
Refirió que cada vez la ley agraria tiene una perspectiva de género muy importante, es decir, en los comisariados ejidales y consejos de vigilancia debe haber paridad del 50 %, cuya reforma de abril de este año así lo estableció.
Además, el Tribunal Superior Agrario expidió una jurisprudencia en la que señala que la paridad tiene que ser no solo en cargos de suplentes, sino también propietarios para garantizar una mayor participación de las mujeres.