"Recientemente y de tiempo atrás se han perpetrado ocupaciones ilegales de tierras en los municipios de Ocosingo, Tuxtla, Chilón, Cintalapa - Belisario Domínguez, Arriaga, Las Casas, entre otros. Este fenómeno social no es nuevo en Chiapas, pero se agudiza en ausencia de la ley propiciada por quienes precisamente tienen la obligación de aplicarla.
Sin embargo, las ocupaciones ilegales de predios que se citan arriba son diferentes entre sí.
En Ocosingo se trata de personas que no tienen ninguna necesidad de andar en esos menesteres. No se hallan en extrema pobreza; son invasores que llegan a hacer ""guardia"" a los predios a bordo de camionetas, para luego ir a bañarse a su domicilio e ir a trabajar incluso en oficinas o en otros negocios y pequeñas empresas de diverso giro, comerciales o sociales (organizaciones equis). Pero más adentro, en la Selva Lacandona hay ocupaciones de un perfil agrario, en su mayoría de personas de las etnias tseltal, chol y otras, por ejemplo en la Ranchería Corozal, Nuevo Salvador Allende y San Gregorio y en 26 poblados más, que crean un problema de tipo ambiental debido al cambio de uso de suelo: se tala para sembrar maíz y frijol de autoconsumo. Aquí, ni el gobierno estatal y ni el federal han podido alcanzar una solución definitiva.En lo que corresponde a Tuxtla Gutiérrez, las autoridades han decidido intervenir en el predio ""3 de Mayo"", el cual fue desalojado el fin de semana pasado; este sitio se encontraba ocupado por personas diversas entre las que destacan agentes de policía que buscan una fracción para vivienda. Este caso merecería ser analizado para determinar si es pertinente tender la mano a esos elementos. Además, hay otros irresolubles como ""Emiliano Zapata"".
Sobre Chilón, se dice que son miembros de un organismo denominado ""La Otra Campaña"", supuestamente vinculado al zapatismo. Éste es otro que ameritaría un tratamiento particular para buscar una solución negociada, pues muchos de los miembros de esos grupos se encuentran en situación vulnerable que debería ser tomada en cuenta. En el caso de Cintalapa - Belisario Domínguez son oaxaqueños que pretenden tomar como suyo el noroeste de Chiapas, un problema que deberá finiquitar nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que corresponde a Arriaga se debe a un grupo de campesinos demandantes de tierras que no han esperado a que las instancias del ramo agrario se pronuncien y han invadido propiedades de productores pecuarios; éstos son protegidos del Partido de la Revolución Democrática, por quienes aboga incluso una senadora de ese instituto.
Y por último, en Las Casas, son indígenas nativos de ese municipio o expulsados de los circundantes, los que dicen necesitar tierra para vivienda. Este asunto debe ser abordado con cuidado, con diálogo y negociación.
Como se ve, algunos temas son materia de tribunales federales, otros son competencia de la Secretaría de Gobierno local, pero el común denominador de todos ellos es que no fueron atendidos en su momento, no han sido atendidos hasta ahora y por ello a estas alturas todos los casos se están complicando.
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