La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ya recaba todas las evidencias relacionadas con el “acarreo y condicionamiento” de mujeres beneficiarias del Programa Prospera, al informe que rindió el senador Roberto Albores Gleason en Tuxtla Gutiérrez.
El director general adjunto de Servicios Legales y Dictámenes de la FEPADE, Luis Espíndola Morales, dejó establecido que se están documentando plenamente los hechos para “conducir una investigación seria, confiable y fidedigna”.
El condicionamiento de programas sociales y el uso indebido de recursos públicos en cuestiones electorales, son tipificados como delitos de esa materia y “son dañinos y lesivos al sistema democrático”.
Entrevistado en el marco de la presentación de la conferencia “Delitos Electorales”, convocado por la Junta Distrital Ejecutiva 12 del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que todo será plenamente documentado para proceder conforme a la ley.
Por esos hechos, cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya fueron cesados por la dependencia federal, aunque las investigaciones continúan.
Delitos electorales
Explicó que el catálogo de delitos electorales es amplio, entre ellos, aparte del condicionamiento de programas sociales y uso indebido de recursos públicos, la compra y coacción del voto, la presión en el electorado, la destrucción de materiales electorales, la alteración del Registro Federal Electoral, la intervención de ministros de culto en cuestiones electorales, entre otros.
Además las investigaciones se inician ya sea por denuncia presencial, vía telefónica y por las redes sociales, en donde se pueden incluir archivos de voz, imágenes, videos y relatorías, incluso ya se cuenta con una aplicación FEPADE-Móvil en teléfonos inteligentes, donde en tiempo real se pueden subir los hechos a las plataformas y hasta georeferenciar los lugares en los cuales se están cometiendo los delitos, aparte de informaciones periodísticas en los medios tradicionales.
Capacitación
Acompañado del coordinador de Capacitación Electoral del INE en Chiapas, Jorge Anaya Lechuga, y del consejero presidente de la 12 Junta Distrital, Heberto Ochoa Méndez, explicó que la FEPADE coordina acciones de capacitación en una estrategia nacional y de cultura cívica para que los ciudadanos conozcan los delitos en la materia.
Y es que “un delito electoral, es una conducta que ha sido señalada por el legislador como especialmente dañina y lesiva al sistema democrático”, por lo que se busca que la ciudadanía cuente con mayor información y esté más capacitada sobre el tema.
Se refirió a las penas que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece, ejemplificando que por condicionamiento de programas sociales y tratándose de servidores públicos pueden ir desde 2 a 12 años de prisión; en tanto que en la alteración del Registro Federal de Electorales, hasta siete años.
